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La carta dirigida a la presidenta de la Comisión Directiva del Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA), escribana Mabel Plada, pide la renuncia a quienes autorizaron compras a las empresas del grupo Polakof y Cía S.A. El pedido se basa en que los insumos fueron adquiridos con fondos otorgados por la Intendencia Municipal (IMM) para el equipamiento y los gastos mensuales del centro y que esas empresas están vinculadas a la tesorera de la ONG que lo maneja, Rosita Polakof.

“La ONG CEREMA ha violado los más mínimos criterios de cristalinidad al adquirir insumos en empresas de la cual una de sus integrantes está vinculada. (…) Los fondos entregados por la Intendencia Municipal debían ser controlados en el caso de las sumas para equipamiento por la Dirección General de Deportes y la Unidad de Servicios Médicos y las sumas entregadas para los gastos de funcionamiento debían ser controlados por Dirección General de Integración Social, cuya Directora General es cuñada de la señora Rosita Polakof”, denunció Pintos.

Paralelamente, el edil remitió otra carta al intendente Gustavo Salaberry solicitándole disponga una investigación administrativa para deslindar responsabilidades sobre los controles que se debían aplicar ha la ONG en cuestión. Remarcó que los integrantes de la Comisión Directiva que hayan autorizando las “compras ilegales deben dar un paso al costado” y que Salaberry debe investigar por qué fallaron los controles municipales para evitar estas irregularidades.

Le preocupa “especialmente” el caso de las rendiciones de los gastos mensuales, ya que quien debía controlar las mismas es Cristina Olivera, cuñada de Rosita Polakof, quien ocupa el cargo de Directora General de Integración Social. Adelantó, asimismo, que pedirá la dimisión de Olivera si se comprueba que controló las rendiciones de cuentas de la ONG donde su cuñada es la tesorera y se efectuaron compras al grupo Polakof.