Para el curul “una transacción debe referirse a lo que se discutió en el juicio, no a las que no se discutieron y debe enfocarse en derechos de los que están transando”.
Silvera razonó que “si lo que se busca es componer juicios entre particulares que dicen tener derechos en la playa, la intendencia que no es dueña de ella porque son fiscales (no municipales), no puede reconocer derechos en esos lugares”. Tiene el deber de cuidarlas como guardián, pero no es la propietaria como para hacer acuerdos sobre ellas.
“Unos juicios que comienzan porque hay un particular que quiere pagar impuestos cuando no se los cobran no puede terminar en un reconocimiento de propiedad, porque el único que puede declarar que alguien sin títulos se convierte en dueño, es el Poder Judicial”.
Se proyecta una transacción de algunas hectáreas de playa entre las calles 30 y 46 de Balneario Buenos Aires en las que la intendencia reconoce que un privado es el dueño, a cambio que el particular deje bajar a la gente a la playa.
Silvera insistiò en que la zona “es pública y fiscal” y por lo tanto notoriamente ilegal un acuerdo de este tipo porque viola el Código Civil, la Ley de Centros Poblados y las potestades que la Constitución da a los Gobiernos Departamentales.
“Los ediles y los gobiernos podemos hacer lo que la Constitución nos permite” dijo “por más que se piense que con dieciséis voluntades o dos tercios se puede votar cualquier cosa”.
foto: archivo
Silvera razonó que “si lo que se busca es componer juicios entre particulares que dicen tener derechos en la playa, la intendencia que no es dueña de ella porque son fiscales (no municipales), no puede reconocer derechos en esos lugares”. Tiene el deber de cuidarlas como guardián, pero no es la propietaria como para hacer acuerdos sobre ellas.
“Unos juicios que comienzan porque hay un particular que quiere pagar impuestos cuando no se los cobran no puede terminar en un reconocimiento de propiedad, porque el único que puede declarar que alguien sin títulos se convierte en dueño, es el Poder Judicial”.
Se proyecta una transacción de algunas hectáreas de playa entre las calles 30 y 46 de Balneario Buenos Aires en las que la intendencia reconoce que un privado es el dueño, a cambio que el particular deje bajar a la gente a la playa.
Silvera insistiò en que la zona “es pública y fiscal” y por lo tanto notoriamente ilegal un acuerdo de este tipo porque viola el Código Civil, la Ley de Centros Poblados y las potestades que la Constitución da a los Gobiernos Departamentales.
“Los ediles y los gobiernos podemos hacer lo que la Constitución nos permite” dijo “por más que se piense que con dieciséis voluntades o dos tercios se puede votar cualquier cosa”.
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