Facebook Twitter WhatsApp

Cinco familias que ocupaban locales comerciales ubicados a pocos metros del Campus Municipal y abandonados hace años fueron obligadas por vía judicial a desalojar los inmuebles. El propietario de uno de esos locales se limitó a señalar que llevó un litigio de cuatro años para lograr este lanzamiento. Luego declinó realizar más declaraciones a instancias del abogado, quien sostuvo que los expulsados eran “intrusos” y que de esta forma se cerró “una boca de pasta base”.

En la vereda, varias personas cargaban sus pertenencias, en silencio, en desvencijados camiones de mudanzas. Pero una familia, la de Juan Carlos, decidió trasladar todo a la vereda de enfrente. Así, a cielo abierto, piensa pasar este hombre con su mujer y su hijo de tres años, ante la falta de una vivienda para alquilar.

Vestido con la camiseta de su lugar de trabajo, la barraca El Corralón, y aún con el lápiz de carpintero calzado en la oreja, Juan Carlos dijo a FM Gente que nunca esperó este desenlace. Admitió que lleva ocho años viviendo en el lugar, pero argumentó que no es un ocupante, porque el anterior propietario le había prestado la casa.

Aseguró que pidió un par de días de plazo para buscar un sitio a para llevar sus cosas y que pasó “todo el verano” buscando una casa para alquilar, lo que no consiguió porque aunque tiene trabajo estable carece de garantía.

Entre el resto de las personas que realizaban la mudanza obligada, en los restantes locales, había algunas sexagenarias y varios adolescentes. Nadie se resistió a la expulsión, en la cual intervino la Policía para prevenir enfrentamientos.