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Elinger entiende que la Intendencia o el correspondiente municipio tomar medidas con propietarios que dejan sus fincas abandonadas e incumplen las ordenanzas vigentes, por diferentes causas.

Citó el caso de viviendas cuyos propietarios deben grandes sumas por contribución inmobiliaria a la Intendencia y los problemas de titulación del bien, que obstaculizan la ejecución. También mencionó “la compleja situación de ubicar a responsables de sociedades anónimas, sucesiones familiares y herencias estancadas que derivan en largas instancias judiciales en caso de reunirse elementos para el inicio del proceso”.

Sin embargo, consideró que “lo más indignante” es la especulación inmobiliaria que lleva a inversores a abandonar el bien durante años. “En esto sí hay una responsabilidad directa de la Intendencia Departamental de Maldonado y de los municipios”, sostuvo. Acto seguido señaló que la comuna debe intimar al cumplimiento de las ordenanzas vigentes y que los municipios pueden relevar estos casos en su jurisdicción y elevar los antecedentes al Ejecutivo.

“Creemos que en esto se debe ser implacable y que no solo se debe gravar sus contribuciones inmobiliarias con sumas que resultan irrisorias muchas veces para el inversor, sino con sanciones más severas. Bienvenidas las inversiones pero no vulnerando los derechos de los ciudadanos”, remarcó.

VIEJA HISTORIA

Elinger recordó que ha realizado planteos similares en 2003 y al comienzo de esta legislatura frente a lo que calificó como “histórica y creciente vulneración de los derechos” de los vecinos y propietarios linderos a estas fincas abandonadas. Esta vez, también pidió informes a la dirección de Higiene de la Intendencia para conocer “todas las actuaciones vinculadas a intimaciones y multas a fincas, terrenos baldíos, etcétera”, detallada desde 2005 a la fecha.

El edil colorado remarcó que los propietarios que no mantienen las fincas y terrenos perjudican a los vecinos y su comunidad, vulnerando sus derechos y afectando su calidad de vida.
A modo de ejemplo, señaló que en algunas propiedades se generan ocupaciones ilegales “donde en algunos casos se desarrollan actividades delictivas, sumado a las precarias condiciones edilicias donde la insalubridad por falta de energía eléctrica, agua potable y obstrucción de cañerías promueven la instalación de focos infecciosos que atentan contra los vecinos”.

También consideró que, en otros casos, se acumula basura con roedores, insectos, olores nauseabundos, aguas y materia fecal corriendo por las calles, poniendo en real peligro la salubridad pública. “Esta problemática aumenta en nuestro departamento y que en muchos casos perdura por años”, sentenció.