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Dos mujeres afirman que una pareja jefa de sección en el supermercado esteño intentó convencerlas de participar en fiestas sexuales privadas y que, ante su negativa, tomaron represalias laborales. Según el abogado, habría otros casos de más larga data que nunca fueron denunciados.

El caso se sustanció a nivel administrativo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y continuará esta semana en el ámbito laboral y civil mediante una acción de amparo de las trabajadoras. Paralelamente, la Policía derivó los antecedentes a la justicia penal.

Sánchez consideró que, a nivel penal, el accionar de los superiores puede encuadrarse en un delito de chantaje sexual, violencia privada o atentado violento al pudor, “dependiendo de la materialidad de los actos” de los indagados.

A nivel civil y laboral las presuntas víctimas reclaman a la empresa una indemnización equivalente a seis salarios. “Como los acosadores tienen delegación del poder de dirección de la empresa, son jefes de sección, aunque la empresa realice una investigación interna no la exoneraría de responsabilidad patrimonial”, explicó el abogado.

Remarcó que ambos denunciados tenían potestades para tomar medidas disciplinarias y encargados bajo su égida, “lo cual aumenta la responsabilidad de la empresa”.

Sánchez admitió que en estos casos es difícil aportar pruebas por parte de las denunciantes, pero también recordó que los jueces tienden a invertir la carga considerando que los acosadores con puestos jerárquicos no suelen actuar con testigos.

En este sentido, el abogado manifestó su esperanza de que la Justicia cuente con más “indicios” en cuanto a las afirmaciones de sus clientas, sobre todo con la posibilidad de que surjan más testimonios en contra de los denunciados.

Sánchez, que trabaja como defensor de los trabajadores en Fuecys, destacó que estos casos de acoso laboral vinculados a un acoso sexual se dan siempre desde alguien con cargo jerárquico hacia una víctima con menor rango en la empresa. Por eso cree que las presiones de índole sexual debieron incluirse en la reciente ley de Acoso Laboral.

Mientras las investigaciones continúan en los diferentes ámbitos, el abogado presentará una acción al amparo de la ley 16.011, para salvaguardar a sus clientas de cualquier acto que “lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades” reconocidos constitucionalmente.
mr