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Jorge Romero, vocal del grupo, explicó a Correo de Punta del Este que este “es un problema muy complejo de ordenamiento territorial, de apropiación de bienes públicos para comercialización”. Según dijo, tres empresas privadas pretenden enajenar la tercera franja dunar, de la calle 30 a la 45 del balneario, “1.577 metros lineales compuestos por dos falsos padrones inscritos como 10108 y 10109”.

Consultado por la idea de “falsos padrones”, el vecino dijo que “son padrones que están inscritos con ninguna legitimidad legal que los avale, a pedido de sucesores de Víctor Sagredo, que fue la primera persona que quiso comprar una duna en el balneario Buenos Aires para comercializarla, en 1938, pero que no prosperó”.

Según contó, en ese año, Sagredo “quiso comprar lo que era el remanente de los planos de catastro del balneario, de los lotes 6007 al 6013 que terminaban donde se trazó la costanera. Pero ese intento de compra no prosperó, por el contrario, fue declarado nulo dado el estudio de tierra hecho por el ingeniero agrimensor Odizzio que declara que lo que queda al sur de la costanera, hoy ruta 10, es playa fiscal”.

El lugar que los vecinos defienden, hoy es una duna preservada, en donde, según destacó el vocal, hay especies autóctonas de interés ecológico y “es de interés de la comunidad, que hace cuarenta años la usa”.

LA ORILLA
Romero indicó que en 1944 sucesores de Víctor Sagredo dijeron que debería haber un contrato por la intencionalidad de comprar ese lugar, “pero las autoridades en ese momento no le dieron importancia y las hermanas Sagredo renunciaron a ese pedido, porque no había ningún interés en la playa fiscal, porque todo eso era de los ganaderos”.
Según mencionó, ahora el reclamo de derechos de propiedad se da porque las empresas Lenore SA, Kalin SA y Arwen SA quieren construir un emprendimiento llamado “La Orilla”.

De ese proyecto inmobiliario “las únicas pruebas de que existe es una captura de pantalla publicada por Brecha en 2019 y folletos que encontramos hace no más de una semana en los ex locales de una conocida inmobiliaria de acá del balneario, más que cuestionada por sus procedimientos”, dijo.

INTIMADOS
Por otro lado, en las últimas horas varios vecinos del balneario, que viven en terrenos ubicados al norte de la ruta 10, recibieron de parte de la empresa Lenore SA una intimación para dejar de construir. Romero dijo que esta intimación se da “en el contexto de un juicio para desalojo, para que cuando Lenore intime para el desalojo y el juez diga que es intempestivo, Lenore conteste: ‘nosotros avisamos que dejaran de construir’”.

El vocal resaltó que en esos lugares “viven familias con niños y abuelos, que tienen derechos adquiridos”.

“Es una ingeniería financiera muy compleja entre tres off shores panameñas, Lenore se encarga de mapear la sucesión de barrios al norte de ruta 10, Arwen y Kalin se encargan de trabajar el litigio dominal de los lotes 10108 y 10109 (de las dunas). Lenore tiene la intención de intimar a estas personas que están ocupando con un problema habitacional de rechazo urbano, no se pudieron insertar en San Carlos, ni en Maldonado, ni en Punta del Este o Montevideo. Están acá y nadie usaba esos padrones que eran de la sucesión de Barrios que estuvo quieta toda la historia.

Ahora Lenore compra los derechos sucesorios y los empieza a trabajar de tal manera que logra una intensión de convenio con la Intendencia de Maldonado por la cual, Lenore renunciaría al litigio por la propiedad de esos padrones si es que la Intendencia declara a la duna pública propiedad de las hermanas Clara y Elena Sagredo, para que ellas puedan vendérselas a Kalin y Arwen”, detalló.

DENUNCIA A LA INTENDENCIA
Sobre este probable acuerdo entre el gobierno departamental y la empresa Lenore, el vocal del grupo de vecinos dijo que en una resolución de la intendencia de 2018 consta que se creó una comisión especial integrada por los directores de Catastro, Agrimensura, Asuntos Legales y Asuntos Notariales de la Intendencia para estudiar este tema. “Se formaron en comisión y le dijeron al intendente que no era tan mala idea cambiar la dominialidad de 250 terrenos al norte de ruta 10, de privados a públicos, para que la intendencia evite el desalojo de esas familias, si es que cambian la dominialidad de los falsos padrones 10108 y 10109 de públicos a privados”, denunció.

Según dijo, el grupo de vecinos está altamente organizado. “Esta gente llega tarde a nosotros”, mencionó e informó que están en contacto con el Centro Universitario Regional Este (CURE) y entrarán en comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas para hablar el tema. “Eso es ilegal, es una apropiación indebida de la tierra pública de la franja costera del balneario Buenos Aires que se da por desarrollistas argentinos. Tenemos sus datos, tenemos mapeado cómo estos desarrollistas reciben dinero de los trabajadores peones de la construcción en contratos ilegales desarrollados por escribanos. Hay cuatro denuncias penales en curso”, indicó.

Finalmente expresó: “Esta es una de las maniobras de ingeniería financiera y de comercialización de bienes raíces más modernas que existen. La idea es sentar un precedente para comercializar toda la costa Atlántica uruguaya. Esto es lo más innovador en términos de apropiación de terrenos públicos de alto valor y de comercialización de bienes raíces que hemos visto, de los lavadores de dinero del microcentro porteño”.




Correo de Punta del Este