Facebook Twitter WhatsApp

Silvia Pizzani, estudiante de Facultad de Derecho (3er año Abogacía), ofreció a FM Gente un análisis del decreto por el cual Vázquez habilitó a las instituciones privadas a revalidar la totalidad de las asignaturas cursadas en el UPE (2/3 o más). Recuerda que, al tiempo de inhabilitar al UPE al tiempo, se previeron una serie de medidas que involucran los intereses de los estudiantes “afectando esos intereses y limitando las soluciones”.

“Para poder dictar la carrera completa de Abogacía y Notariado es necesario que el decreto se modifique, se haga una ampliación o se haga uno nuevo”, sostiene la estudiante, en un documento avalado por sus compañeros y consultado con catedráticos del área. “Así como está redactado no estamos habilitados a estudiar en ningún lado porque no hay en Maldonado ninguna institución que reúna esas características”, agregó.

Pizzani recoge el artículo 1º del decreto, donde se habilita a las “instituciones universitarias privadas que dictan carreras reconocidas de Derecho, Notariado y Contador Público” para revalidar asignaturas. La estudiante entiende que en una interpretación restringida de este artículo, debe entenderse que son las carreras que hoy están reconocidas, que estén habilitadas.

“¡Pero no hay ninguna institución privada ni pública hoy en Maldonado que cumpla con este punto del decreto para la Facultad de Derecho!”, exclamó. Pizzani insistió en que no existe ninguna institución dictando ningún curso de la carrera de Derecho, ni pública ni privada. “Mucho menos existe hoy institución habilitada para hacerlo”.

A modo de ejemplo, señala que el decreto no permite siquiera que se acoja el St. Claire´s, que este año comienza a dictar carreras universitarias. “Esa institución no tiene el dictado de esas carreras habilitado, está a punto de iniciar el trámite para la habilitación”, observó.

Aún cuando se realizara una interpretación amplia del decreto –es decir, que se permita acogerse a las instituciones que tienen su habilitación en trámite- la habilitación debería otorgarse dentro de los doce meses siguiente a la firma del decreto. “Cosa dudosa, pues acostumbran a demorarse bastante más que ese lapso”, señaló la estudiante. “La redacción es no es clara y podría significar una seria limitante para los estudiantes si se la interpreta literalmente. De hecho, sería como que no se hubiera decretado nada”, enfatizó.

Pizzani también cuestionó el plazo de un año que se otorga para las reválidas, ya que el régimen general previsto en el decreto 308/95 que regula a las instituciones universitarias privadas no establece plazo alguno.

“Este decreto introduce un nuevo inconveniente: si la nueva institución demora más de un año en obtener la habilitación, o por algún motivo el estudiante no opta por una institución en este primer año, deja de tener derecho a revalidar lo que ya ha acreditado que posee como conocimiento. Esto es discriminatorio”, indica.
A su juicio, los estudiantes que han cursado una carrera habilitada quedan en la misma condición que el de las inhabilitadas (equipara hacia abajo).

A modo de resumen, la estudiante insiste en que el decreto firmado por Tabaré Vázquez no da soluciones y limita a los estudiantes en la búsqueda de alternativas. Esto “fuerza a que los estudiantes busquen soluciones fuera del departamento: los que puedan pagar e irse a Montevideo, si se apuran a hacerlos este año, tal vez tengan alguna solución. Los que no puedan pagar o no puedan o no quieran irse a Montevideo, no tienen solución”.