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El decreto original, de 2018 durante el gobierno del Frente Amplio que encabezaba Tabaré Vázquez, fue aplazado hasta marzo de 2020.

Cuando asumió Luis Lacalle Pou se volvió a postergar, hasta ahora.

Sin embargo, la polémica saltó cuando, días antes de comenzar a regir, el Ejecutivo modificó los límites mínimos de tolerancia para fiscalizar en el decreto.

Modificar los límites despertó críticas fundamentalmente por parte de los representantes de las sociedades médicas, asociaciones y organismos vinculados a la medicina.

Mientras que en septiembre la base para el cálculo eran 400 gramos de sodio, 10 de azúcares, 9 de grasas totales y 4 de grasas saturadas, en el nuevo decreto se modificó a 500, 13, 13 y 6, respectivamente.

La Dra. González sostiene que los cambios confunden a los consumidores porque productos que tendrían que llevar etiquetado, ahora no lo harán y otros llevarán pero indicando menos exceso de grasas o azúcares que lo que estaba previsto inicialmente.

Si se comparan los decretos, dijo, hay un aumento en la tolerancia del exceso de sodio para etiquetar, por ejemplo, y eso es motivo de confusión ya que, además por otro lado se impulsa a consumir menos sodio.

La profesional dijo que este decreto "sube la vara" en los azúcares un 30 por ciento y en las grasas 44.

"Si hay pandemia de obesidad y se lucha para que no se siga desarrollando", explicó, el etiquetado frontal es una herramienta y forma parte de políticas mundiales implementadas por la OPS.

Por otro lado, para González, eso no quiere decir que las empresas pierdan, pero lo que importa es la salud por encima de otras circunstancias.

"Hay muchos productos que van a quedar sin advertencia, por ejemplo, en azúcares y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la obesidad infantil", alertó.

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