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“Hay en este momento tres iniciativas en el Parlamento, tres proyectos de ley, uno vinculado con el presupuesto nacional básicamente en dos artículos, el 16 y el 480, que debilitan fuertemente los derechos y garantías ambientales en el país”, observó.

Agregó que “el primero porque traslada un rol fundamental que es la coordinación de la ejecución de las políticas en materia ambiental a la Presidencia de República, con lo cual entra en competencia con un rol que tiene un ministerio y que está ese ministerio vinculado con el Poder Ejecutivo, y lo traslada a la Presidencia”.

INCONSTITUCIONAL
Ligrone dijo que “eso trae como consecuencia que va a haber un roce, digamos, y conflictos entre uno y otro eventualmente, y además Presidencia de la República no está controlada por el Poder Legislativo, y como los constitucionalistas lo tienen claro este rol que se incorpora a Presidencia no está en el marco de la Constitución de la República”.

“No es este el primer caso ni será el último, pero no es una norma constitucional según los constitucionalistas”, aseguró.

Expuso que “el artículo 480 lo que le quita al país son dos garantías ambientales, o sea, dos garantías que tenemos los uruguayos desde el 2008 que son la evaluación ambiental estratégica de las políticas nacionales, y la autorización ambiental previa de la planificación en general”.

“Esas dos cuestiones no sólo nos quitan derechos, nos quitan garantías a todos los uruguayos, sino que nos retrotrae, nos hace retroceder a la situación de 1994, nos vamos 21 o 22 años para atrás en una situación que había avanzado fuertemente en 2008”, explicó.

Afirmó que “al perderse las garantías ambientales y las obligaciones de una serie de estudios y la transparencia de esos estudios lo que se busca es viabilizar, supongo yo, determinados emprendimientos importantes sin pasar por el filtro ambiental o pasando por filtros ambientales muy modestos o sin los controles ciudadanos y parlamentarios que hoy tenemos”.

LA COSTA
Ligrone manifestó que “el otro es un proyecto vinculado con las directrices nacionales en el espacio costero que es como decimos muchos técnicos en la materia, una ley vacía de contenidos que genera una serie de cheques en blanco”.

Eso se hace “para que cuestiones que debieron de haber sido decididas por ley, por el Legislativo, y cuestiones que deben decididas por los gobiernos departamentales, pueden ser si se aprueba esta ley decididos por decretos del Poder Ejecutivo de futuros gobiernos”.

“Son cosas que tienen que ver con la costa, con la problemática de una costa frágil y muy importante para nuestro país, se traslada a decisiones por decreto del Poder Ejecutivo que tampoco tienen el ejercicio de los derechos y las garantías que permiten hoy la planificación en el país; no lo vamos a tener más”, clamó.

ZONAS DE USO
Ligrone otorgó énfasis también al “tercer proyecto de ley que está en carpeta en el Parlamento: es el de las directrices nacionales de ordenamiento territorial que aportan otro elemento desde mi punto de vista destructivo para la planificación nacional que es la creación de lo que se les llama zonas de uso y actividades preferentes”.

“Eso es un invento que también por decretos futuros del Poder Ejecutivo va a poder saltearse la planificación territorial y la planificación ambiental que hoy tienen sus garantías; van a poder saltearse y decir en tal sector del país, en tal zona, en tal polígono, vamos a promover la actividad tal, tal, o cual”, sin control, aseguró.

Indicó que “la combinación del proyecto de ley de presupuesto de este año con directrices costeras y directrices nacionales destroza desde mi punto de vista si se aprueba los derechos y garantías y el sistema de ordenamiento territorial nacional”.

“Sobre esto lo curioso es que son temas técnicos, muy técnicos a veces, pero que hacen a los derechos de todos”, sugirió.

Añadió que “lo curioso es estos proyectos, sobre todo los de directrices costeras y directrices nacionales, es que ya fueron presentados en la administración anterior, allá por 2011, 2012, 2013, y ya fueron criticados abundantemente por toda la academia”.

“Uno puede ver en los registros del Parlamento las opiniones contrarias a casi todos los artículos de estas leyes de las principales instancias académicas, la maestría de Manejo Costero Integrado, la maestría de Ordenamiento Territorial, el Instituto de Teoría del Urbanismo en la facultad de Arquitectura, la maestría de Ciencias Ambientales”, repasó.

Agregó que “no hubo ningún cambio, ningún cambio de los contenidos de esas leyes, lo cual es llamativo, es extremadamente llamativo”.

“Porque si uno dijera fueron uno, dos o tres comentarios, pero fue unánime, y además, en el caso de las directrices costeras uno puede ver las opiniones contrarias de todos los representantes de todos los gobiernos departamentales de toda la costa uruguaya de todos los partidos políticos en el período anterior”, avanzó.

Encontró “muy raro que se siga sin cambiar un ápice el contenido de esas leyes”, y aclaró que “a mí me preocupa mucho, yo no tengo ningún interés directo sobre la costa, no tengo ninguna propiedad sobre la costa, no me afecta en muchos aspectos directamente como persona”.

“Pero, como especialista y como ciudadano uruguayo me siento muy apenado por un retroceso histórico en nuestros derechos ambientales y territoriales”, concluyó.



audio y foto: semanario la prensa