“La defensa de la faja costera es una política que la intedencia lleva desde hace muchísimos años para mantener la zona de playa como área pública, aunque personas que se sienten propietarios inician procesos a la intendencia y obligan a iniciar una defensa”.
Aunque los procesos son dirigidos contra varios organismos del estado, generalmente es la comuna la que ejerce esa defensa. Una sentencia inicial consideraba que la punta de Punta Colorada era privada, y ahora una segunda instancia considera lo contrario.
De todas maneras, será la Suprema Corte de Justicia la que fallará en la última instancia, indicó Salazar. Remarcó que este caso había preocupado mucho en primera instancia y ahora pelearán el caso “a muerte” si llega a ir a la SCJ, aseguró.