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En consonancia con la marcha silenciosa promovida para el lunes en Montevideo, las organizaciones de Maldonado repudiarán el fallo de la SCJ con una concentración en la plaza San Fernando, en el centro de la capital departamental. La manifestación es convocada por Crysol Maldonado y por la Coordinadora por Verdad y Justicia, para la hora 19.

El fallo de cuatro de los cinco ministros de la Corte deja sin efecto la interpretación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por delitos cometidos en la dictadura. Salazar aseguró a FM Gente que la decisión implica un “escollo” para decenas de casos. Entre éstos mencionó la desaparición de Horacio Gelós Bonilla y las muertes de Eduardo Mondello y Amelia Lavagna de Tizze que investigaba la jueza Mariana Motta.

De todas formas, cree que “las causas podrían seguir adelante” porque los abogados defensores de los familiares no están aplicando esa ley sino “el derecho internacional y los principios internacionales de Derecho”. “En estos casos, aun cuando se haya declarado la inconstitucionalidad de la ley, la investigación debería seguir”, opinó.

"UNA CHICANA PARA GANAR TIEMPO"

No obstante, entiende que la resolución de la SCJ se convierte en “una gran chicana para los defensores de los torturadores” e implica un “mensaje clarísimo” a jueces y fiscales para que dejen de investigar.

“Se están entorpeciendo las causas. Y si se archivan por esta inconstitucionalidad, entonces vamos a la Corte Interamericana de DDHH y se repetirá lo del caso Gelman”, adelantó.

Con todo esto, dijo Salazar, los torturadores ganan tiempo. “Lo que va a pasar ahora es que todos esos casos que están en la SCJ volverán con esto a los juzgados, nosotros pediremos que se siga citando a los torturadores, ellos apelarán a esta inconstitucionalidad y entonces empezaremos en una discusión sobre cuál es el derecho que se aplica”.

“En el fondo lo que quieren y consiguen con esto es ganar tiempo. El tiempo es esencial porque empezarán a morir víctimas, testigos y torturadores. (…) Esto es otro escollo porque se apuesta a que se vayan muriendo todos. Las causas que se archiven irán a la Corte de DDHH y las que no, conseguirán que los responsables estén muertos”, añadió.

A quienes insisten en que estas investigaciones deben quedar atrás bajo el argumento de que la población “quiere paz” y ya se expidió en dos oportunidades sobre la ley de Caducidad, Salazar envió un contundente mensaje.

“Es un aspecto humanitario elemental. Acá hay madres que buscan a sus hijos, jóvenes que buscan a sus padres” que tienen derecho a saber qué pasó con ellos y a enterrarlos. “Hay que acompañar a las personas que están en este sufrimiento, es una cuestión mínima de humanidad”, expresó.

Pero también aportó una “lectura política a largo plazo”. A su juicio, es necesario que ninguno de los crímenes quede impune porque existe el riesgo de que vuelvan a repetirse.

“El genocidio armenio, que todavía Turquía no reconoce, quedó en el olvido y en la impunidad. Los historiadores dicen que muchos de los coroneles que cometieron ese genocidio enseñaron a los nazis a torturar a las grandes poblaciones. Los nazis se vinieron a América del Sur y enseñaron a los coroneles nuestros a torturar, perseguir y secuestrar. Tenemos que tener claro que es un método de reprimir a los pueblos y que en la medida que se siga en la impunidad total de quienes lo cometen, se va a seguir aplicando.”