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El defensor recordó que la demanda contra el Estado es por la reclamación respecto al homicidio del joven, ocurrido al ser baleado por policías de Piriápolis en la madrugada del 19 de setiembre pasado. “Efectivos fueron procesados por homicidio, por el juzgado de 4º Turno, y entendemos que además de la responsabilidad penal hay una reparación civil que debe reclamarse al Estado, contra el Ministerio del Interior, en este caso”, añadió.

Barla detalló que basará la demanda en tres figuras: daño emergente, lucro cesante y daño moral. Explicó que el daño emergente surge, en primer lugar, por el pago de la empresa fúnebre ($ 30.000) y luego por los daños que cinco impactos de bala provocaron a la camioneta del joven ($ 15.000).

El lucro cesante se estima por el monto que deja de percibir la familia a raíz del fallecimiento de Maikel. Barla citó, en primer término, al hijo de seis años, para quien calculó “un derecho alimentario de $ 8.000 mensuales hasta que cumpla los 21 años de edad”. En cuanto la concubina del joven, “pierde el 50% de la sociedad legal de bienes”, dijo. En este sentido, Barla señaló que en su calidad de mecánico, chapista y pintor, Maikel ganaba unos $ 30.000 por mes. “Tenía 23 años con una expectativa laboral de 65, por lo cual se multiplicó ese ingreso por los 42 años que faltan” para calcular el lucro cesante.

Para estimar el daño moral generado por el homicidio, el abogado tomó en cuenta la jurisprudencia, una “evaluación normal realizada en los juzgados”. En este caso, calculó que el hijo de Maikel debe ser indemnizado por $ 1 millón y que un monto similar deberían percibir cada uno de los padres del joven. Para la concubina, en tanto, reclama 500.000 pesos y para cada uno de los hermanos $ 300.000. La suma de estos ítems es de más de 29 millones de pesos, resumió el abogado.