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“A partir del 15 de diciembre estamos en todas las zonas turísticas, entre Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia, también en las termas y alguna otra zona turística del país, con unos 150 inspectores que van a estar desplegados hasta que finalice la temporada”, dijo el director de la Dirección General Impositiva, DGI.

Agregó que están "persiguiendo dos objetivos fundamentales; en primer lugar asegurar la recaudación de los tributos que marca la normativa vigente, porque con ellos se financia la vida en sociedad; y en segundo lugar es muy importante, quizá más que el primer objetivo en estos casos, es asegurar un marco de competencia leal y transparente, donde todos cumplan con la ley por igual”.

Ferreri dejó ver que “año a año la voluntad de cumplimiento con las obligaciones tributarias va mejorando, lo que nos pone contentos no como directores de Renta, sino como ciudadanos”.

Sobre la persecución de la economía en negro dijo que “es muy importante la interacción con las cámaras comerciales y empresariales para poder desplegar una actividad en conjunto donde ataquemos la informalidad de manera importante”. “Por eso entre el 15 de diciembre y el 8 de enero llevamos visitadas aproximadamente 1.700 empresas en todas las zonas turísticas, de Colonia a Rocha”, reveló.

“De esas 1.700 empresas hay muchas que son de temporada y otras no; en los comercios golondrina hemos establecido ya unas 700 garantías previas, y estas garantías arrojaron una recaudación en torno a los 60 millones de pesos (unos 3.000.000 de dólares)”, informó. Estimó que “estamos un 5% por encima de lo recaudado por estas mismas garantías en 2012, así que venimos a muy buen ritmo en una temporada que entendemos se viene desarrollando de buena manera”.

Una de cada cuatro inspecciones (26,5%) realizadas por la DGI desde mediados de diciembre, (450) se realizaron en Punta del Este y zonas aledañas; 310 se concretaron en Piriápolis. Estas cifras señalan que en el total las inspecciones de la DGI en lo que va del verano, prácticamente una de cada dos (44,7%) se concentraron en Maldonado. En Rocha hubo unas 300 (17,6%), y 270 en la Costa de Oro (15,88%).

“Vemos que cada vez la formalización (de las empresas golondrinas) es mayor; la gente ya sabe que aunque ponga un comercio golondrina la DGI está atenta, incluso ya estamos atentos a todos los comercios que se están instalando, por lo tanto el nivel de informalidad que vemos es cada vez menor”, aseguró. Agregó que “la evasión cero no existe en ningún lugar del mundo, pero debemos tender a ella lo más posible. Estos 700 inscriptos previo a la temporada sabiendo que al final de ella no estarán más hablan por sí solos”.

Ferreri utilizó un término popular sobre el tema de la informalidad: “No se trata de cazar dentro del zoológico, como se dice vulgarmente, sino atender a todos, incluso a aquellos que ni siquiera se han inscriptos”. Dijo que “en estos primeros días del verano llevamos inscriptos unos 50 comercios que no estaban ni siquiera anotados en DGI”.

Sobre la gran informalidad en el sector inmobiliario, Ferreri sostuvo que “nosotros compartimos la mirada y la preocupación de las cámaras inmobiliarias porque estamos en el mismo barco, con todo el mundo cumpliendo la ley por igual”. “Pero también sabemos que es un sector que tiene una capilaridad importante, está muy atomizado, por lo cual su fiscalización presenta determinadas complejidades, pero eso no es obstáculo o excusa para que nosotros no hagamos nuestro trabajo”, opinó.

“En estos últimos días hemos trabajado en materia muy intensa sobre el tema; hemos citado porteros, hemos citado propietarios de viviendas, hemos hecho operativos rastrillo yendo a las propiedades, estamos citando gente que aparecen en servicios que se ofertan en páginas Web”, narró. Amplió que “esto está ocurriendo no sólo aquí en Maldonado, sino que lo estamos haciendo en Rocha, tanto en La Paloma como en La Pedrera, Punta del Diablo, en Santa Teresa; luego de terminada la etapa de las garantías previas, ahora estamos poniendo una mayor intensidad en el control de los alquileres donde es fundamental que se cumpla con la ley por todos por igual”.

Ferreri estimó que con la eliminación del cobro del 10% a los turistas que alquilen con tarjeta de crédito, y con una mayor fiscalización, se podrá “potenciar la formalidad y hacer que más gente pague sus obligaciones”. Aseguró que en este tema la DGI está trabajando en conjunto con la Cámara Inmobiliaria de forma coordinada.

LEGAJO TRIBUTARIO

El director de Rentas negó que la creación de un legajo tributario pueda ser visto como una amenaza a la privacidad de las personas. “Hay una mala interpretación de quienes realizan esos comentarios porque de lo que se trata es de ordenar la información por contribuyente; es la única forma de poder gestionarlo cuando tenemos millones de contribuyentes”, dijo.

“Lo único que hoy tenemos una serie de sistemas informáticos donde cada uno guarda parte de esa información producto de una construcción durante años de la parte informática de la DGI; lo que hemos realizado durante 2012 fue todo el marco lógico para diseñar un único sistema informático que integre todas esas partes y que funcionen de manera más eficiente”, manifestó.

Expuso que “cuando hablamos de un legajo tributario no se trata de una ficha con datos que hacen a la intimidad de las personas, sino que a lo que refiere pura y exclusivamente es a datos vinculados a su comportamiento tributario”. “Una empresa qué declaraciones presentó, cuándo pagó en fecha, cuándo no lo hizo, cuándo tuvo que pagar multas o recargos, cuándo tuvo algún problema, cuándo tuvo una inspección y la inspección qué resultados dio; toda su vida tributaria ponerla en un único lugar para obtener información de mejor calidad y gestionarla de manera más eficiente”, fundamentó.

“Esto sin vulnerar los derechos de los contribuyentes y lo que es su vida personal; lo que es la actividad personal, íntima de las personas, no es objeto de análisis, no nos corresponde, ni nos interesa”, afirmó. Defendió los avances informáticos en la DGI. Dijo que hay unas 300 personas por día que satisfacen sus contactos con la DGI por Internet, lo que, según él, quita a 300 personas de las filas ante los mostradores de esas oficinas. Añadió que ahora se está preparando la habilitación del pago de impuestos mediante la utilización de los teléfonos celulares.

LA MISMA VARA PARA GIORDANO

Sobre el sector que organiza fiestas, Ferreri dijo que “es un sector donde hay un nivel de informalidad o evasión superior al promedio”. “Por lo tanto tenemos que tener una mirada más integral e intensiva del fenómeno”, indicó.

Reveló que están trabajando conjuntamente con la cámara de organizadores de fiestas, de donde le plantearon a la DGI que estaba en juego la supervivencia de muchos de sus asociados debido a la informalidad. Explicó que se impuso el llenado de un formulario en el que se debe registrar las subcontrataciones, lo que les permite generar una base de datos que posibilitará luego establecer quienes cumplen con sus impuestos y quienes no lo hacen.

Sobre el frustrado desfile de Roberto Giordano, Ferreri pidió realizar “dos o tres comentarios”. “No podemos hacer comentarios en casos particulares porque están dentro del secreto tributario; sÍ se puede decir que cuando hay incumplimientos tributarios anteriores, en esos casos se pone un mayor celo en el cumplimiento de las obligaciones que se han incumplido”, dijo.

“Más allá de alguna rispidez pública como la que ocurrió, se trata de algo que hemos mencionado en esta entrevista varias veces: que la ley la deben cumplir todos por igual; aquí se trató a Giordano, a quienes realizaban este evento, con la misma vara que se midió a otros realizadores de eventos y no hubo problemas, y realizaron excelentes fiestas y shows artísticos en la zona costera, lo cual es deseable, y es muy bueno para la temporada”, declaró.

Sobre que la DGI con sus exigencias frena la realización de espectáculos en Punta del Este, Ferreri opinó que “la realidad habla por sí sola y muestra que todos los eventos se han realizado sin problemas salvo alguna excepción, donde no se cumplía con los requisitos previamente fijados; en este caso desconocemos los motivos, lo suspendió la propia gente que lo iba a realizar, pero para nosotros era un contribuyente más que debía cumplir con las mismas obligaciones que todos”.