Juan Manuel Noya, uno de los argentinos que llegaron hasta Punta del Este el pasado fin de semana con motivo del partido que disputaban Nacional y River en el Estadio Domingo Burgueño, fue formalizado por un delito de daño agravado y cumplirá, en principio, 40 días de medidas cautelares. Su caso cobró notoriedad no sólo por los incidentes en los que participó sino porque durante casi dos días su defensora no lograba concretar un domicilio para fijar ante la sede judicial lo que llevó a la ironía de comentar que como recurso le quedaba la parte de abajo del puente de La Barra.
El caso de Noya se diferenció desde el primer momento del de su compatriota Bruno Ayax Raitzin quien desde el inicio de la causa fue patrocinado por el penalista Andrés Ojeda y quien propuso un acuerdo -que incluyó compensación económica- al concesionario del parador y a la fiscalía.
Noya fue detenido el sábado, se realizó la audiencia de control de detención el domingo y se prorrogó su prisión por otras 24 horas para comparecer ante la sede en virtud de que tanto fiscalía como la víctima (el empresario a quien ocasionaron daños en el local de playa) necesitaban recabar testimonios y reunir otras pruebas tales como los numerosos videos que registraron el accionar de los hinchas en la arena y en el parador.
De esa forma, Noya pasó su segunda noche en dependencias policiales y el lunes fue trasladado nuevamente al Centro de Justicia para ser formalizado y atenerse a las medidas que solicitara fiscalía para su caso. Sin embargo, minutos antes de que la audiencia comenzara, la Dra. Isabel Ithurralde -integrante del equipo penal de la Defensoría de Oficio de Maldonado- informó a las partes que le era imposible conseguir un lugar para que su defendido cumpliera con las medidas cautelares que iban a ser dispuestas ya que ni su familia, ni el Club River, ni ninguno de los contactos facilitados por Noya daba respuesta a la situación.
Ante eso, la letrada -que realizó innumerables llamadas a su costo desde su línea móvil particular- exclamó, de forma irónica que ya no quedaba a quien recurrir y que de seguir por ese camino iba a tener que ofrecer como domicilio la parte inferior del puente de La Barra. Fuentes del caso informaron a FM GENTE que Ithurralde llegó a contactar incluso a cancillería argentina en Uruguay.
Un par de horas más tarde, se logró una solución provisoria, al aceptar los ocupantes argentinos de un apartamento en un edificio de la península recibir a Noya pero sólo por la noche del lunes.
De esta forma pudo concretarse la audiencia en la que fiscalía anunció la formalización, en principio, por un delito de daño agravado aunque se aclaró que Noya podría ser re-formalizado por un delito de mayor gravedad si en la investigación resultara eventualmente comprometido con otros hechos de más entidad. Asimismo, la fiscal Naupp solicitó al juez Diego González Camejo aplicar todas las medidas limitativas previstas en el artículo 221 del CPP.
El magistrado accedió y ordenó entonces que Noya -además de fijar un domicilio definitivo desde este martes 14- deberá estar sometido a la vigilancia de la OSLA, deberá presentarse en la seccional del domicilio que fije y que no puede modificar durante los 40 días sin aviso al tribunal, no puede salir del país y además se le retuvo el DNI -único documento que declaró haber traído a Uruguay- tiene prohibido concurrir o acercarse al Parador Ocean y se impuso también que use tobillera.
Finalmente, en la pasada jornada, y nuevamente en audiencia ante el magistrado penal de 4º turno, la defensora de Noya pudo ofrecer un domicilio fijo y estable donde el argentino permanecerá por el período solicitado por la fiscal.