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Dicha empresa volvió a aparecer en una audiencia en la investigación que está a cargo del fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez.

Los abogados Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson presentaron documentación con el fin de "demostrar que la empresa existe", informó El Observador.

Según contó Donnángelo, entre la documentación aportada a la Fiscalía figuran estados contables de la empresa, y pruebas de que los mails enviados al Ministerio de Turismo salieron desde el dominio de Kirma. El abogado dijo que este lunes se entregaron copias simples de la documentación pero que están en proceso de certificación y apostillados, lo que llevará algunas semanas.

Como ya habían señalado cuando divulgaron un comunicado hace un año atrás, Donnángelo dijo que Giorgios Shipillis, accionista de la firma, está dispuesto a colaborar con la Fiscalía debido al "daño que se le está ocasionando a su empresa".

NO HUBO IMPUTACIÓN SINO QUE SE ABRIÓ OTRO EXPEDIENTE

En este sentido el fiscal consideró que existen posibles responsabilidades de Daniel Reta, el exadscripto de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo y eventualmente del exasesor honorario Elbio Rodríguez, en la causa que indaga varias denuncias sobre irregularidades en esa cartera durante la gestión del actual diputado colorado (2020-2021), y formó una carpeta aparte sobre su actuación en el caso.

La decisión se conoció este lunes. El abogado designado por Reta, Enrique Moller, estuvo presente en la audiencia que, en esta jornada, el Ministerio Público volvió a recabar el testimonio del exdirector ministerial Martín Pérez Banchero. Si bien trascendió que el fiscal se disponía a pedir a la Justicia la imputación de Reta y Rodríguez, la Fiscalía aclaró que esa instancia aún no ocurrió, y que el fiscal se encuentra reuniendo pruebas sobre ambas conductas.

Entre otros puntos, el exasesor aparece vinculado a la renovación de una pauta publicitaria que el ministerio gestionó para la vía pública con la empresa Netcom. Todo esto, pese a que no tenía potestades para hacerlo ya que no era ordenador de gasto.

A principios de agosto, cuando le tomó declaración al exministro Cardoso, el fiscal Rodríguez había señalado cierta "ligereza" por parte de Reta en el "despacho de expedientes". Allí el fiscal señaló que "en la manera de trabajar del doctor Reta, si bien no está cuestionado el tema de la buena fe que pudiera tener en solucionar y sacar todo el trabajo, ha demostrado una cierta ligereza en el despacho de expedientes, porque él mismo manifestó casi como un desconocimiento en la materia de lo que estaba haciendo".

En declaraciones a Fiscalía, Cardoso afirmó que “la conformación de facturas por parte de Reta no implicó ninguna decisión de adjudicación ni de comprar ningún servicio de manera directa”, ya que él no podía realizar esas transacciones. No obstante, al ser cuestionado por Rodríguez, se conoció que el exasesor autorizó la renovación trimestral de una compra de cartelería pública de Netcom.

Esto lo aseguró Gonzalo Praderio, director ejecutivo de Wavemaker (agencia de publicidad del ministerio que es subsidiaria de Young & Rubicam — encargada del plan de marketing del ministerio—), en declaraciones a Fiscalía en julio. Él reprodujo un audio en donde Reta aprobó la compra: “Sí, sí, por supuesto. Extendamos todos los espacios, ponemos todo, y hagamos todo justo ahora como decís vos. Que entre todo, perfecto”.

Así, cuando la fiscal adjunta Gabriela Gómez inquirió al exministro sobre si él había autorizado a Reta, Cardoso aseguró que no lo recordaba.

Esta compra de Netcom fue uno de los expedientes que generó el cortocircuito con el entonces director de Turismo, Martín Pérez Banchero, ya que se rehusó a firmar el documento para que avanzara.

La compra directa por excepción de espacios publicitarios en la vía pública por US$ 500 mil a la empresa Netcom (Satenil SA) generó inconvenientes en los últimos meses porque la empresa reclama el pago. Sin embargo, no existe ningún expediente ni resolución del ministerio que avale la compra.

El expediente, iniciado el 2 de julio de 2021, llamó especialmente la atención de los legisladores del Frente Amplio en la Comisión Investigadora por carecer –al menos en los papeles enviados– de cualquier tipo de resolución ministerial que ordene la compra, un elemento indispensable para iniciar cualquier proceso de este tipo.

"No hay ninguna resolución que indique u ordene la compra", dijo a El Observador el diputado Gustavo Olmos. Y al no haber resolución, tampoco existe la intervención correspondiente del Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta compra a Netcom, además, tampoco está registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), una herramienta que permite realizar un seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Así, la adquisición no quedó registrada ni tampoco reservado el monto que, supuestamente, el ministerio debía pagar por el servicio. Sin embargo, apuntó Olmos, "de la nada" aparecen una serie de facturas de Netcom en la que pretende hacerse con el cobro de este y otros servicios.





(Copyright El Observador)
(Foto del fiscal Gilberto Rodríguez)