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Las actuaciones de Viana en torno al puente sobre Laguna Garzón comenzaron hace al menos ocho años. Ahora, el proyecto está más cerca que nunca de concretarse y por eso el “fiscal verde” -como se lo conoce por sus diversas acciones judiciales en defensa del medio ambiente- pedirá la reapertura del expediente “para solicitar más información y tratar de impedir que esto se concrete”.

En base a su experiencia – accionó contra la instalación de las pasteras Botnia y Ence, contra la operativa de Dirox, más recientemente contra la minera Aratirí, entre otros casos- Viana afirmó en FM Gente que la Ley de Impacto Ambiental es “sumamente defectuosa” y “tramposa” en cuanto a las garantías formales para estudios de ese tipo. “La evaluación requiere de una objetividad y una imparcialidad que, si uno lee la letra chica de la Ley, ve que esas garantías no las da”.

En el caso del proyecto en Laguna Garzón, que promueve el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Viana cuestionó que el empresario argentino Eduardo Constantini haya presentado un estudio elaborado por una de sus empresas (Consultatio), cuando al mismo tiempo es quien financiará la obra y se beneficiará con ella.

De hecho, este punto fue duramente cuestionado la semana pasada por la Liga de Fomento de José Ignacio, durante la segunda audiencia pública convocada por la Dinama antes de decidir sobre este proyecto.

En opinión de Viana, es “grave” que los profesionales que realizan el estudio sean dependientes directos de la empresa que los contrata para esa tarea. Pero entiende "más grave" todavía que el Estado no haga "una verdadera evaluación" de esos estudios para definir si autoriza o no una obra.

“Lo que hace el Estado es avalar o no. Le dice que sí o que no a ese estudio, pero no hace un nuevo análisis ni consulta con otros organismos estatales, ni con las facultades ni con organismos internacionales frente a experiencias similares”, advirtió.

Agregó que, en “muchos casos”, esto ocurre “con notorias carencias e incapacidades propias del Estado, que no tiene dentro de la Dirección Nacional de Medioambiente (DINAMA) gente preparada para saber de celulosa, de minería o de la construcción de un puente que puede afectar un ecosistema tan delicado como el de una laguna”.

"INCAPACIDADES"

Viana señaló que la fiscalía “no puede hacer mucho” para que los estudios se profundicen, pero puede pedir a la Justicia que impida la obra. “Puede decir que no estamos ante una actividad imparcial, objetiva del Estado, ante una actividad seria, profesional, ante una verdadera evaluación de impactos ambientales por lo que este puente no se puede instalar”, argumentó.

En opinión del fiscal, el Estado presenta “incapacidades jurídicas y físicas”. Físicas, porque considera que no cuenta con los técnicos para hacer una evaluación por sí mismo. Jurídicas, porque falta objetividad e imparcialidad cuando existen “acuerdos previos con el inversionista, por lo cual los acuerdos no se van a incumplir”.

Viana remarcó que, en este caso, el director nacional de Vialidad, Luis Lazo, ha señalado que existía un acuerdo previo con Constantini. “Qué me va a hablar de un estudio objetivo e imparcial, si ya hay un acuerdo que garantiza que el puente se va a instalar. Todo lo otro es una puesta en escena, las audiencias públicas, los supuestos estudios… La decisión ya está tomada, ya existe un acuerdo para que el puente se instale, un acuerdo entre el MTOP y las intendencias de Maldonado y Rocha”, objetó.

JUSTICIA “ANTIAMBIENTAL”

Para recurrir al juez, el fiscal deberá esperar que la Dinama autorice el proyecto. “Hay que actuar frente a hechos concretos. Para que exista una seriedad en cuanto al hecho, hay que esperar que el Estado otorgue la autorización”, precisó.

De todas maneras, lamentó que no exista jurisprudencia ambiental en Uruguay. “Por distintas razones, entre otras falta de experiencia en la materia, tenemos una jurisprudencia antiambiental que no toma en consideración los factores ambientales y no aplica el Derecho Ambiental vigente el país”, fustigó.

No obstante, consideró que “tarde o temprano los tiempos en que vivimos obligarán a los jueces y empezarán a surgir sentencias que nos alumbren en estos temas”. “Cuando algún juez se pare y detenga alguna actividad, como ocurre en argentina y Brasil habitualmente desde hace 20 años, ahí se empezará a tomar el tema ambiental y el derecho ambiental en serio.”

Viana no dudó en ratificar que “el tema no se toma en serio”. “Cuando mucho es una moneda, una mercancía que se cambia por otras monedas. El tema ambiental hoy no tiene el peso que constitucionalmente tiene. Cuando la Constitución dice que la protección de medioambiente es de interés general, establece un límite infranqueable al derecho de propiedad, al trabajo, a la industria, al desarrollo. Si esos límites se negocian, se vulneran y hay acuerdos previos, esto no existe.”

(foto: balsas en Laguna Garzón // apuntavamos.com)