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La Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación presentó un informe sobre la política de atención y protección a víctimas y testigos en el período comprendido entre 2017 y 2020 denominado “etapa fundacional” porque la reforma del proceso penal de carácter acusatorio que encomienda a la Fiscalía esa tarea comenzó en noviembre de 2017.

El informe fue presentado en el marco de la reunión del Comité Técnico Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos, celebrada en la tarde del miércoles 18 de agosto en la sede de la Fiscalía General de la Nación.

Participaron de esta actividad representantes de los ministerios de Interior, Desarrollo Social, Trabajo y Vivienda, INAU, BPS, Defensoría, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Consultorio Jurídico de ASFAVIDE.

En el documento se destaca que la cobertura alcanzada fue progresiva en esa etapa brindando atención a más de 10.000 víctimas y testigos en todo el país, a cargo de 27 técnicos que ingresaron por concurso público.

De acuerdo con el informe presentado “la política de atención y protección a VyT va dirigida en forma universal a todas las personas en esa condición procesal” es decir “a víctimas y testigos de todos los delitos”.

No obstante, en la caracterización de la población de esa “etapa fundacional” se evidencia “cierto continuismo en la tradición de población atendida en el sistema de justicia y su trato procesal”.

Así, se trata de más víctimas (84%) que testigos (16%) y existe una tendencia hacia la atención y protección de las víctimas de violencia basada en género, con foco especial en los delitos sexuales (21% violencia doméstica y 43,5% delitos sexuales).

Según el informe, “se ha visualizado menos la necesidad del acompañamiento de los testigos como actores claves en el proceso penal acusatorio, así como el trabajo con las víctimas de delitos violentos como homicidios, estupefacientes, copamientos, rapiñas”.

“Históricamente, estas víctimas han quedado invisibles para el sistema de justicia, por lo tanto, visibilizarlos como tales es parte del trabajo que exige esta etapa”, agrega el texto.

Entre los principales resultados alcanzados en la “etapa fundacional” se subraya la consolidación del trabajo interinstitucional, la estandarización en la metodología de acompañamiento y el diseño de programas especiales de protección.

En cuanto al trabajo interinstitucional, se menciona la atención y protección de VyT como una política de Estado “activando recursos de los diversos organismos del estado según las necesidades de cada persona”. “Esto se plasma en más de 10 convenios interinstitucionales firmados en el marco del Gabinete Coordinador de Políticas de Atención y Protección a VyT, con organismos del Estado y la academia”.

En materia de metodología para el acompañamiento, se realizaron cuatro protocolos y guías de actuación elaborados por los funcionarios de la unidad en base a su práctica, con la colaboración de equipos fiscales. Estos instrumentos han sido validados luego por la academia.

Por otra parte, la protección organizada a víctimas y testigos permitió que el país cuente por primera vez con programas de protección a víctimas y testigos de los delitos con herramientas procesales y de asistencia integral con prestaciones de diversas instituciones del Estado.

Se destaca que durante el período ingresaron al programa de medidas especiales de protección 300 personas “siendo amparadas con medidas de protección de distinto tenor, incluidos planes de relocalización”.

“Este repertorio de medidas ha exigido una precisa coordinación interinstitucional para brindar respuestas ajustadas a una nueva realidad en el país y de acuerdo a las competencias establecidas para cada institución”, concluye.

En el marco del Gabinete, las responsables de la UVyT destacaron que la implementación de esta política el principal logro continúa siendo de carácter conceptual, en tanto se ha diseñado e implementado una política pública, poniendo en marcha un servicio innovador con método, programas y protocolos validados que permite atender y proteger víctimas y testigos en la justicia penal.

En esa instancia se abordaron desafíos y temas pendientes, entre los que se destaca una propuesta de revisión normativa sobre aspectos referidos a derechos de las víctimas y futuras instancias de trabajo bilateral y compartido entre los diferentes organismos que integran el Gabinete.