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Es así que para Lulukhy Joselin Moraes Mele, María Leticia Giachino Fiori, Mauro Carlos Machado Jaureguiberry -como coautores penalmente responsables de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por la premeditación y por precio o promesa remuneratoria (art. 61 numeral 1 del C.P.)- se pide el tiempo de condena más largo que contempla la ley uruguaya, 30 años.

En tanto, Mathias Emannuel Guarteche Viera, acusado como coautor (artículo 61 numeral 4 del C.P.) de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por la premeditación y por precio o promesa remuneratoria, también se pidieron 30 años.

Lo mismo ocurrió en el caso de Carlos Alejandro Alberti Rodríguez, el joven adicto en situación de calle que fue reclutado por Guarteche para encargarse de convencer a Vaz a través del portero eléctrico para que se acercara a la puerta de su edificio, a quien la fiscal acusó del mismo delito pero de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 61 del Código Penal y para quien también solicitó 30 años de penitenciaría.

Franco Gustavo Silvera Herrera, conocido en el caso como el jardinero de Gipsy Queen y que concretó varias acciones preparatorias además de oficiar como chofer local de los sicarios, fue acusado por Naupp como cómplice de los anteriores (art. 62 del C.P) y pidió para él una pena de 10 años de penitenciaria.

En el documento presentado el pasado miércoles, no se incluye la acusación a Raúl Marcelo Barboza, quien disparó en dos ocasiones contra Vaz luego de que Alberti lo convenciera para acercarse a la puerta del edificio. Barboza está privado de libertad desde hace meses en Canelones, por otro delito, y será acusado por este caso más adelante ya que la investigación en torno a su participación en el crimen de Vaz aún no está cerrada.

Como había adelantado a FM GENTE el juez de garantía del caso, Diego González Camejo, el escrito de acusación de Naupp fue trasladado a las defensas de los siete implicados este viernes y una vez notificados quedarán emplazados por el término de treinta días para contestar la demanda acusatoria de la fiscal Naupp.

Una vez que los abogados cumplan con este plazo, el juez González Camejo, deberá determinar, dentro de un plazo de diez días hábiles, la celebración de la denominada audiencia de control de acusación.

No obstante estos pasos, la próxima semana, se cumplirá una audiencia pedida por el Dr. Pablo Cruzado -abogado de Sivera- para que su cliente declare ante el juez González Camejo sin presencia de los otos acusados, público ni prensa y sólo con la participación de los defensores de cada parte. Silvera ha denunciado, casi desde el inicio del caso cuando fue detenido y formalizado, amenazas que provendrían de otros de los acusados.

Por su parte, el abogado de la familia de Vaz, Dr. Martín Etcheverry, se mostró satisfecho por las penas solicitadas por la fiscal, dijo que se habían contemplado las aspiraciones de la familia y que ahora hay que aguardar la confirmación e inicio del juicio.