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"Con salir a la calle se nota lo que se está haciendo en materia de vivienda, desde el Ministerio de Vivienda (Mvotma) y la Intendencia de Maldonado", sostuvo el director general de Integración y Desarrollo Social de la comuna, Fernando Franco. "Una cosa es que no haya proyectos o programas y otra cosa es que nos se quiera ver por las reglas de juego", comentó.

En ese sentido, destacó que la intendencia lleva 500 viviendas entregadas desde 2010, que estaban comprometidas desde la anterir administración, pero "no hace marketing" con el intendente participando en las inauguraciones. Admitió que el avance en los programas requirió de correcciones y de un reordenamiento que, entre otras cosas, permitió bajar de 25 a cinco la cantidad de técnicos abocados a las obras.

Remarcó, en este sentido, recientes entregas de viviendas en diferentes barrios y localidades, y firmas de compromiso de compra-venta en diferentes barrios de Maldonado. Entre otros ejemplos, citó la cantidad de soluciones habitacionales que se construyen en Cañada Aparicio y la regularización de 170 familias en Los Olivos.

Ratificó que ahora trabajan para concretar las viviendas de Lomas del Charrúa, al Este de Maldonado, pero reiteró que se espera una resolución del Tribunal de Cuentas de la República para avanzar en ese programa. La Agencia de Vivienda, que hará la ejecución, ya adjudicó la obra.

"La idea es implantar la obra sobre fin de año y a partir de ahí son trece o catorce meses" para la construcción. Un total de 25 de las 77 viviendas serán destinadas a realojo mientras que el resto serán para familias ya inscriptas en los planes de la comuna.

Por otra parte, Franco dijo que se aplicaron mecanismos para agilizar los trámites y que el fideicomiso administrado por AFISA ha agilizado la ejecución de programas. "Están en ejecución unas 150 viviendas más, sin contar Cañada Aparicio ni los convenios de realojo de El Placer y el San Antonio II", entre otros.

Franco fustigó a "operadores políticos" que parecen haber descubierto asentamientos que están desde hace 40 años. Precisó que la mayoría de las viviendas son adjudicadas a familias que se inscribieron en la Intendencia mientras que un porcentaje menor corresponde a realojos de los asentamientos.

Admitió que algunos beneficiarios de viviendas sociales las han vendido y regresado al asentamiento, pero remarcó que la IDM no puede ser responsabilizada por las acciones de las personas. Advirtió, sin embargo, que si se detectan estas situaciones las personas que compran estas viviendas son desalojadas y se radica la denuncia penal contra quien las vende.

Por otra parte, manifestó la dificultad de desalojar a familias que han estado cuatro o hasta trece años viviendo en casas compradas irregularmente. "No las podemos poner de un día para otro en la calle."

RESPETAR AL QUE COME ARROZ PARA ALQUILAR

Franco cuestionó a los operadores políticos que "por un lado dicen que el Estado tiene que velar por los pobres, pero cuando el Estado mira dicen que hace asistencialismo". "Así es muy difícil mantener una discusión seria, no demagógica, sobre los problemas que afectan a Maldonado", agregó.

"Tenemos que tener respeto por el que come arroz para pagar el alquiler. Hay otros ciudadanos que no han podido a acceder a ese valor y no es atribuible a nuestro gobierno. Podemos jugar a la amnesia de la población respecto a lo que pasaba ocho años atrás", comentó.

Si bien consideró que hay "mucha gente inscripta" para recibir una vivienda, recordó que hay algunos anotados desde 1996 y muchos que no tienen una urgente necesidad de soluciones habitacionales pero se anotaron igual, por lo cual se requiere un "cruzamiento de datos".

Por otra parte, sostuvo que se trabaja sobre el "núcleo duro" de adjudicatarios que no cumplen con el pago de cuotas de su vivienda. Todavía no se han hecho desalojos judiciales por esta causa pero, según Franco, llegará un momento en que esto se comenzará a aplicar.