“La gente de Maldonado ha invertido millones de pesos, haciendo un enorme esfuerzo, en la promesa de mejorar la seguridad del departamento a través del aumento de la contribución inmobiliaria con el impuesto a las cámaras de seguridad, y este tipo de privilegios de funcionarios públicos lo único que logra es entorpecer los objetivos de esa enorme inversión”.
“Los barrios y la gente de Maldonado, que todavía tiene grandes problemas de seguridad, tiene que recorrer oficinas, hacer decenas de llamadas para recibir ayuda mientras que un ministro, salteando los procedimientos que tiene que hacer una persona común, hace llevar una patrulla a un chalet de Punta del Este porque le molesta el ruido de las motos, o para resolver temas particulares de amigos y familiares”.
“Las escuchas telefónicas en las que aparece el ministro Cardoso contravienen el artículo 12 de la Ley 19823 (código de ética de la función pública) y también los códigos de los buenos vecinos de Maldonado”, finaliza la declaración.
“Los barrios y la gente de Maldonado, que todavía tiene grandes problemas de seguridad, tiene que recorrer oficinas, hacer decenas de llamadas para recibir ayuda mientras que un ministro, salteando los procedimientos que tiene que hacer una persona común, hace llevar una patrulla a un chalet de Punta del Este porque le molesta el ruido de las motos, o para resolver temas particulares de amigos y familiares”.
“Las escuchas telefónicas en las que aparece el ministro Cardoso contravienen el artículo 12 de la Ley 19823 (código de ética de la función pública) y también los códigos de los buenos vecinos de Maldonado”, finaliza la declaración.
