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El representante de los trabajadores del Super Uno, Luis Medina, pidió más seriedad por parte de las autoridades ante el escenario planteado.

“A nosotros nos dicen, ‘no hay marcha atrás, el 29 a las 14 desalojamos el local’, estamos con los nervios de punta y ahora resulta que ahora a último momento hay otra prórroga que no sabemos ni cuanto va a durar y si se va a llevar a cabo el desalojo algún día o no”, dijo Medina en las puertas del comercio.

Exigió que “se pongan las pilas y que tengan un poco más de respeto hacia los trabajadores” agregó, recordando que hace no menos de 15 años que vienen padeciendo la misma incertidumbre.

Por su parte Mabel Berrueta, dirigente del gremio de los trabajadores de la cadena Disco, explicó que por este tema han participado en varias instancias tanto en Montevideo como en Maldonado.

“Se llegó a un acuerdo en que había que esperar que era lo que definía la Junta Departamental, y la Junta dijo que no había más prórroga, entonces la preocupación que tiene este sindicato es por los trabajadores”, señaló Berruela.

La dirigente, dijo que hasta el momento la empresa no ha dicho que va a pasar con los 46 trabajadores del Super Uno de Punta del Este. Espera por una de las alternativas: el paso a seguro de paro, el despido o el envío hacia otras dependencias de la cadena.

Este sábado, el presidente de FUECY’S a nivel nacional, Ismael Fuentes, dijo que están a la espera de lo que se resuelva en los próximos días en torno al supermercado de Punta del Este.

El propio Fuentes confirmó que la justicia dio un plazo indeterminado para el desalojo, lo cual será aprovechado por la empresa para intentar resolver el tema. “estamos hablando de la posibilidad de que 46 compañeros queden sin trabajo”, alertó.

“La jueza pidió un plazo indefinido, pero nosotros pensamos que esto va a estar en 45 o 60 días, donde puede definir si otorga o no dicha prórroga”, dijo Fuentes, en conocimiento además, del pedido de la Intendencia y de la alcandía de Punta del Este, para que la firma siga operando hasta marzo del año próximo.

“No hubo voluntad política de parte de los ediles, para reunirse y solucionar esto por la vía de la Junta Departamental”, agregó en relación al petitorio del Ejecutivo Departamental que solo pasó a estudio de dos comisiones del cuerpo.

Ismael Fuentes afirmó que la incertidumbre que viven los 46 trabajadores, es lo peor que les puede ocurrir, porque si se tratara de un pedido de aumento salarial, “es importante pero no es lo mismo cuando uno tiene la posibilidad de perder el puesto de trabajo”.

Afirmó que durante una reunión con el abogado de Maraluz S.A., Fernando Escriñas, “la empresa nos planteaba que tendría voluntad para que no hubiera despidos, es decir querrían mantener la fuente de trabajo”.