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Mailhos cuestionó “la falta del necesario diálogo social que tiene que existir para la aprobación de estas normas”, alineó al sector empresarial fuera de cualquier apoyo a la ley, e indicó que en el mismo gobierno produjo dudas serias. Sostuvo que no existen estadísticas serias sobre siniestralidad laboral que respaldaran la propuesta.

Andrade mostró y puso a disposición las estadísticas que Mailhos negó, elaboradas por el oficial Instituto Nacional de Estadística, INE, con regularidad anual, refutó diversos comentarios de Mailhos, y sostuvo de principio a fin la existencia de una conspiración para evitar que se avanzara en regular este tema. Alineó como actor principal de esa conspiración, a los medios periodísticos y los periodistas.

DIÁLOGO SOCIAL
Mailhos dijo que “en este caso no hubo ese diálogo social efectivo, en este caso exclusivamente se contempló a nuestro juicio un planteo que nosotros consideramos bien intencionado porque compartimos los objetivos realizados por el sector sindical, pero que no fue acompañado por las razones que diré por el sector empresarial, que aún en su momento planteó algunas dudas para el sector del gobierno”.

Andrade dijo que al otro día de aprobada la ley presentaron una propuesta integral sobre salud y seguridad, en la que se incluía en un punto crear un registro de empresas infractoras.

“¿Saben qué nos contestan las 24 cámaras empresariales que hoy me enteré que defienden el diálogo social? Que no tienen ningún interés de discutir nada con el movimiento sindical en materia de salud y seguridad; lo tenían hasta que se votó la ley”, dijo Andrade.

SINIESTRALIDAD Y ACCIDENTE
Otro punto en el que confrontaron duramente, fue en el empleo de los conceptos de siniestralidad y accidente. Andrade dio por sentado que los medios periodísticos afirman que la ley castiga al empresario en cuya empresa ocurrió un accidente, y aclaró que la ley no castiga los accidentes.

“Me generó una enorme sorpresa que se siga colocando ejemplos de accidentes, cuando la ley no refiere al accidente, no hay una ley que penaliza al accidente, ese es un absurdo creado por algún asesor empresarial y por la prensa”, generalizó Andrade.

Mailhos había dicho que la “ley establece una responsabilidad penal para el empleador, establece un delito de peligro, a nuestro juicio, y así lo han entendido todas las cámaras empresariales, se penaliza en cierto sentido la actividad empresarial”.

“Los accidentes normalmente no son producto de una sola causa ni de un solo agente, los accidentes, cuando se dan, son múltiples causales, obedecen a múltiples causas”, completó.

Andrade recordó que existe legislación en Uruguay que castiga la siniestralidad laboral desde 1914, y dijo que “yo estudié 25 años de sentencia sobre los accidentes de trabajo más graves”.

“Son accidentes mortales, no sobre delito de peligro: cuando muere el trabajador o cuando el trabajador queda con discapacidad; hay cerca de 50 mil trabajadores que pasaron por intervenciones quirúrgicas en 25 años, un poco más”, sostuvo.

De inmediato se corrigió: “En 22 años, y empresarios procesados, me sobran los dedos de una mano” para contarlos.

CÓMO FUE HECHO
Mailhos sostuvo que las cámaras empresariales tampoco comparten la ley “porque tiene una técnica legislativa que no es prolija: no define lo que es el empleador, no define si esto se aplica al sector público”.

“Hoy una de las únicas denuncias que existen sobre este aspecto está dirigida contra un gobierno departamental; no se establece entonces cuál es el criterio de empleador, y mucho menos se define quién es el agente que ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, pueda ser denunciado”, añadió Mailhos.

Andrade refutó afirmando que el estudio de la ley le llevó al Sunca (y a él) seis años de trabajo y que fue consultada con los catedráticos mas conceptuados en diversas materias, de Uruguay y del mundo. Y repasó una lista con algunos de ellos.

“Es una norma que empezamos a trabajar seis años antes”, respondió Andrade, y recordó que “se dijo de la ley, es que la norma era inconstitucional. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Y se repitió y se repitió y se repitió. Y se dio a entender”.

Y cerró su razonamiento: “Yo es claro que estudié la norma, pero es claro que no soy jurista, que soy el que la redactó. Ahora, en la norma trabajaron juristas de los más prestigiosos del Uruguay”. A partir de allí hizo una larga enumeración de juristas que colaboraron en la elaboración de la norma, dijo.

CIERRES
Mailhos se manifestó “a favor de una cultura de prevención, nos manifestamos a favor de un diálogo social al respecto, tememos que una ley de esta naturaleza afecte las buenas intenciones para que este mismo diálogo social pueda ser instaurado vigente esta ley”.

Andrade cerró señalando que “la carga de la prueba de esta norma es más rigurosa aún que el homicidio culposo, es más pesada, es más importante, tiene que ser mayor”.
“Pongámosle seriedad, por algo tenemos este semestre sin ningún procesado, y para encontrar un procesado va a faltar mucho, y para que el procesado vaya tiene que haber hecho una barbaridad”, proclamó.


z.l.
fotos: Junta Departamental