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“Estamos en este momento en un conflicto reclamando algo que ya es nuestro, ya lo han demostrado dos sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la Suprema Corte de Justicia”, dijo Larronda, uno de los funcionarios judiciales de Maldonado que se manifestaron.

Agregó que “nosotros consideramos que era un deber nuestro, como funcionarios, una obligación, salir a manifestar y dar a conocer a la población lo que se está tramitando”.

El conflicto judicial fue planteado después que la ley presupuestal de 2010, a comienzos del actual gobierno, otorgó al Poder Judicial un ajuste de remuneraciones que se engancha a los aumentos que perciben los ministros de Estado.

El gobierno del presidente José Mujica no pagó el aumento que rige desde abril de 2011, y que ubicó a los sueldos de los judiciales un 26% arriba de lo que perciben actualmente. El gobierno ofreció a los judiciales un aumento de sólo 8% en lugar del 26%.

AVANCE SOBRE EL PODER JUDICIAL

Para hacer legal su intención, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley, que fue aprobado en el Senado al mismo tiempo que se trató la denominada ley de prensa, en el que se mantiene el enganche de los ajustes salariales sólo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y no para el resto del Poder Judicial.

Desde el Poder Judicial se ha objetado el proyecto actual del Ejecutivo porque se pretende modificar una ley presupuestal con una ley corriente, que es lo que se está procesando, por eso advierten que de ser aprobada esa norma será declarada inconstitucional.

Sin embargo, el proyecto del gobierno también prevé esta alternativa, según dijo Larronda a FM Gente.

“A partir de este proyecto de ley cada vez que se haga un juicio contra el Poder Ejecutivo el que va a tener que afrontar los gastos es el propio Poder Judicial”, dijo.

Sostuvo que el Poder Judicial “va a tener que sacar del magro presupuesto que tiene para el funcionamiento de las oficinas y a toda la población que atendemos, violencia doméstica, familia, penal, y todas esas cosas, va a tener que asumir las cuentas por juicios que vayan contra el Estado por distintas razones”.

15.000 PESOS

Larronda afirmó que “la gente tiene una idea me parece que equivocada de lo que son nuestros salarios: alguien que recién ingresa al Poder Judicial gana 15 mil pesos”.

“Alquilar una casa, mantener una familia con esa suma es imposible, y así estamos en esta lucha ahora”, agregó.

Apuntó que “es algo que nosotros no lo pedimos, pero que nos correspondía”, señalando que lo que se les quiere quitar ahora fue aprobado por la bancada oficialista al comienzo del gobierno actual dentro de la ley presupuestal.

“El funcionario judicial es un trabajador muy sacrificado, lo hace todo a pulmón, no siempre tenemos todos los materiales que necesitamos, trabajan horas extras” que no se pagan porque no hay rubro para ello, dijo.

Se quejó de que “como no tenemos presupuesto propio del Poder Judicial, se luchó por la independencia del Poder Judicial y no se logró, no tenemos un presupuesto propio y nunca hay rubros para funcionar”.

“Es un trabajo que se hace con todo el esfuerzo de todos los funcionarios que hacen horas extras que no son pagas, se van días inhábiles a realizar tareas, y eso no se ve porque cuando va la gente al juzgado están todas las cosas hechas, pero no ven cómo se hace, y en qué condiciones trabajamos todos nosotros”, prosiguió.

Larronda aseguró que en el rumbo que ha tomado el conflicto, las medidas gremiales del sector judicial seguramente se van a ir agudizando, y que ello va a traer malos momentos para la población, y para el funcionamiento del país, según advirtió.

La manifestación por el centro de Maldonado transcurrió sin incidentes. Los funcionarios desfilaron de luto, en representación del estado de ánimo con que enfrentan el conflicto, y con la boca tapada, denunciando lo que entienden que el Poder Ejecutivo está tratando de hacer con el Poder Judicial.


Foto: Melissa Visiconde (FM GENTE)