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En presidente de la Corte, Jorge Ruibal Pino, destacó en FM Gente la importancia de esta nueva repartición para descongestionar la tarea de los magistrados de 2º y 4º turno. Sin embargo, los funcionarios judiciales están preocupados porque comenzarán a trabajar el próximo sábado 21 sin que se haya reforzado el personal administrativo y tendrán una importante recarga en su tarea.

Ruibal admitió que los refuerzos recién estarán para el próximo verano, ya que están en proceso los correspondientes llamados públicos. Aun así, de forma extraoficial, varios funcionarios señalaron a FM Gente que, de antemano, las designaciones son insuficientes para cubrir el trabajo que les espera.

Otro de los inconvenientes planteados por los funcionarios está relacionado con la existencia de un solo consultorio para el trabajo de cuatro médicos forenses en pericias psiquiátricas y físicas. A su juicio, debería haber al menos otra dependencia para evitar que se superpongan las consultas, sobre todo en verano cuando aumenta la actividad judicial.

Sin embargo, las instalaciones son innovadoras en cuanto a la seguridad de los testigos, que no serán vistos por sus victimarios al momento de identificarlos. El recinto tendrá un acceso directo para los detenidos a través del patio, mientras que los testigos estarán detrás de un vidrio espejado y separados por un enrejado.

Los ministros de la Corte también visitaron, esta mañana, el archivo ubicado en el subsuelo del Edificio Lázaro, donde funcionan los juzgados civiles. El vocero de SCJ, Raúl Oxandabarat, dijo que se planea trasladar hacia ese lugar los archivos que todavía se mantienen en el ex local del juzgado de segundo turno.

Cuando se concrete el traslado, el local será devuelto a su propietario. Pero entretanto, la Corte seguirá pagando el alquiler. A esto se suma la inminencia del vencimiento del contrato de alquiler de los locales del edificio San Lázaro, por lo cual habrá que negociar una renovación con el propietario.

Demoras

Como recordará, meses atrás la Intendencia de Maldonado presentó una queja formal para que se investigue el proceder de la magistrada, que luego fue trasladada a Ciudad de la Costa. La causa continúa, ahora, en manos del juez Gerardo Fogliacco, y aunque recientemente también hubo quejas de los denuncias por la lentitud del procedimiento judicial, Ruibal afirmó que no recibió planteos formales al respecto.

Por último, el ministro declinó formular declaraciones sobre los procesamientos solicitados por el fiscal Gustavo Zubía para siete activistas que, en febrero pasado, manifestaron violentamente frente a la Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota.