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“Es que notorio, no solo en Punta del Este sino en todo el país, que hay una suerte de clamor ciudadano por tomar medidas que mejoren la seguridad, y sin duda hubo un gran apoyo de las fuerzas vivas”, dijo el magistrado al diario El Observador, en una extensa entrevista publicada este jueves. “Tengo entendido que lo venían reclamando desde hace muchos años para preservar el estatus de balneario privilegiado que tiene Punta del Este”, agregó Chediak, quien asumirá la presidencia de la SCJ el 1º de febrero próximo.

Las medidas de Graziuso fueron adoptadas en coordinación con la Policía de Maldonado, que basa su resolución en los informes de los efectivos que reciben denuncias sobre las molestias que los expulsados llegaron a causar a los turistas por mendicidad abusiva o insultos, o sobre las sospechas de los uniformados sobre las intenciones de las personas con antecedentes que merodean por Punta del Este, sin aparente motivo.

A juicio del magistrado, está bien que los jueces coordinen este tipo de acciones con la Policía. “Por supuesto que los jueces tiuenen que resolver los casos de acuerdo a su conciencia, pero cierta medida de coordinación entre la Policía y los jueces en materia penal siempre hay. Hace al funcionamiento aceitado del sistema. Quizás haya causado sorpresa que no son medidas comunes”, opinó Chediak.

En otro pasaje de la entrevista el futuro titular de la SCJ consideró que existe “el derecho a la intimidad, a la libre circulación, pero también el derecho de los ciudadanos a vivir en una sociedad segura y la obligación del Estado de que sus servicios de seguridad brinden la adecuada protección a los ciudadanos”, enfatizó.

“Hay que tener bien claro que una cosa es la opinión de la cátedra y las opiniones técnicas respecto a la delincuencia y a cómo enfrentar esos flagelos sociales y otra es la sensación y las aspiraciones que tiene el ciudadano común, que en general van en el sentido de la mano dura y de tomar medidas ejemplarizantes”, agregó.

Chediak llegó a comparar las medidas de Graziuso con el sistema de Tolerancia Cero aplicado por el alcalde de Nueva York para frenar la delincuencia en esa ciudad estadounidense: “Estaba muy jugado al efecto demostración. (…) Que los casos puntuales sirvan para prevenir y de llamado de atención a eventuales infractores de la ley. Quizá haya pasado algo así en Punta del Este, donde pocos casos como este han servido para llamar la atención sobre el fenómeno y para prevenir.”

Finalmente, consultado sobre si la medida podría ser inconstitucional, Chediak dijo que no evaluó el tema. Subrayó que está vigente la Ley de Vagancia desde 1941 aunque también admitió que “desde 1985 a la fecha el Estado uruguayo ratifico una cantidad de convenios que tienen fuerza superior y pueden tener incidencia en las normas internas.”