A esto se suman consecuencias laborales en emprendimientos edilicios y rurales vinculados con la firma y tres empresas de transporte interdepartamental que prestan servicios en Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, así como eventuales perjuicios en estaciones de servicios de la zona, que suministraban combustible a unos 30 ómnibus, detalló Murro.
Además, el titular de Trabajo cuestionó el “silencio político” en torno a este caso y calificó lo ocurrido como “un hecho muy grave”.
Por su parte, Rossi dijo al mismo noticiero que el Gobierno sigue atentamente las posibles consecuencias de esta situación para evitar que se vean perjudicados los servicios.
Recordó que las empresas de ómnibus vinculadas con el ex propietario de Cambio Nelson, Wilson Sanabria, son un servicio público y, como tal, deben cumplir con determinadas condiciones.
“En todo lo que sea posible no hay que suspender los servicios por respeto a los usuarios, los coches no pueden ser embargados por parte de la Justicia para poder facilitar el cumplimiento con el servicio público”, añadió.
Rossi sostuvo que desde el ministerio que preside se cursaron las comunicaciones necesarias “para recibir el asesoramiento jurídico que nos permita hacer lo que tenemos que hacer”.