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Bonomi insistió en que ahora Las Rosas es "una bomba de tiempo" a la que el gobierno quiere quitar presión. Remarcó en varias oportunidades que habrá presos de "baja y mediana peligrosidad" y explicó su idea de que, en la actualidad, Las Rosas es una cárcel "nacional".

El ministro intentó tranquilizar a su audiencia, al afirmar que está programado que las visitas de los familiares de los presos que lleguen a Maldonado se realicen en su departamento de origen porque "no serán tantos".

En esta reunión, de la que participaron cerca de 200 personas, Bonomi también pasó revista al paquete de medidas que el gobierno plantea para mejorar las cárceles del país. Reconoció los malos resultados de la Ley de Humanización Carcelaria aplicada en la administración de Tabaré Vázquez y admitió, asimismo, que si los planes actuales se analizan desde el punto de vista turístico, él no hubiera elegido el departamento de Maldonado.

De hecho, enfatizó que su preocupación por el hecho de que la cárcel se instale en un departamento turístico no tiene que ver con la seguridad sino con "la información" que se difunde y el impacto que ésta pueda tener sobre los potenciales turistas en el resto del país y también en el exterior.

DESACTIVAR LA BOMBA

Bonomi explicó que las cárceles de Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja son antiguas y están instaladas en “el medio de la plaza principal” y sostuvo, además, que se “se produjo un equívoco”, del que habló con cada gremial que lo visitó en Montevideo y que explicó nuevamente, ante los empresarios de Maldonado en la reunión de la víspera: a su juicio, la cárcel de Las Rosas “no es departamental” sino “nacional”.

“Tiene por lo menos 33 presos peligrosos -30 hombres y 3 mujeres- y otros 55 que provienen de otro departamento. Si se hace una cárcel regional, los 55 tienen que salir de esta cárcel regional. Y los 33 de máxima seguridad también tienen que salir de acá, porque esta cárcel no será de alta seguridad sino de media y baja seguridad”, explicó. Según las cuentas de Bonomi, la medida llevará a que casi 90 presos se vayan de Las Rosas.

Agregó que está previsto que “aproximadamente 80” vengan de Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja, por lo cual bajaría la cantidad de presos en lugar de aumentar. Agregó que, de Lavalleja, no vendrá “prácticamente ninguno” y que, como en Rocha se piensa ampliar la chacra policial, el pasaje se haría cuando se complete la segunda parte de la licitación de Las Rosas.

“Entonces, esto bajaría por un lado la cantidad y por otro la peligrosidad. Porque no está pensado como cárcel de seguridad, sino de media para abajo”, remarcó. “En tercer lugar, hoy sí que esta cárcel es una bomba de tiempo. Hoy sí que es un problema, porque ¿cuántas veces el jefe de Policía tuvo que trasladar policías de seguridad de Maldonado, Punta del Este y Pirlápolis a prestar servicios en la cárcel porque había problemas de motines u otras cosas? ¿Cuántas veces, desde Montevideo, hubo que mandar a la Metropolitana para intervenir en esta cárcel?”, enfatizó.

Bonomi insistió en que la idea gubernamental “es quitarle presión a la cárcel. Traer gente de menor peligrosidad y todavía que sea una cárcel mucho más adecuada y con instalaciones de seguridad adecuadas. Y no que las Fuerzas Armadas que hoy hacen la seguridad estén en carpas alrededor, sino que tenga el perímetro adecuado”.

PAQUETE DE MEDIDAS

En ese sentido, el Secretario de Estado anunció que “en los próximos días” presentará una “Ley de Perímetros” al Parlamento, en la cual se contempla el pedido de las FFAA en cuanto a que haya un triple perímetro, en lugar de uno doble.

Explicó que esta solicitud responde a que, en la actualidad, los militares que cumplen la seguridad perimetral no están amparados por ley para tirar. “Cuando han tirado, los jueces interpretaron que estaba bien y no pasó nada, pero podían haber interpretado que estaba mal. Entonces, con esto se establece una zona militar”, precisó Bonomi.

Otro punto que remarcó el ministro, es que los planes para Las Rosas van acompañados de la política de fortalecimiento de las chacras policiales. “Cada jefatura contará con apoyo para eso”, aseguró.

Luego habló de políticas de rehabilitación. Dijo que en la actualidad Uruguay tiene “presos del ocio”. Si un preso no hace deporte, si deja de trabajar y si descuida la higiene de la celda: se está deteriorando y que cae en el ocio. “El ocio es el peor enemigo del preso, entonces las políticas de rehabilitación son de estudio y de trabajo”, sostuvo Bonomi.

LIBERACIÓN: “LA ÚLTIMA ETAPA”

A modo de ejemplo, Bonomi mencionó el plan gubernamental de que los presos primarios absolutos, sin antecedentes graves como menores y que deban estar recluidos entre seis meses y un año para pagar su delito, sean derivados a tareas comunitarias o un seguimiento de libertad asistida.

Si bien admitió que los pactos internacionales establecen que deban borrarse los antecedentes como menor, consideró que si se trata de un menor que “se escapó tres veces, participó en asaltos o tiene amenazada a la madre” y también delinque como mayor y se encuadra en el nuevo plan de rehabilitación, él no asumirá “la responsabilidad de soltarlo”. Por eso señaló que el gobierno pedirá que una ley, para que en estos casos se tengan en cuenta los antecedentes como menor.

Bonomi insistió en que estos conceptos no agravan la situación de seguridad sino que, por el contrario, ayudan a que de las cárceles no salgan presos que reinciden en un 70%. “Si tenemos como objetivo claro bajar los niveles de reincidencia, no tomaremos medidas que aumenten los índices”, garantizó.

Luego sostuvo que los planes del actual gobierno son diferentes de las medidas aplicadas en el anterior, mediante la Ley de Humanización Carcelaria. “Se ha dicho que esto es lo que se hizo en el período pasado y no es así”, comenzó.

Acto seguido sostuvo que la ley de Humanización se adoptó como “medida principal” para intentar solucionar el problema de las cárceles en un gobierno donde la seguridad ocupaba el cuarto o quinto lugar entre las prioridades.

“Al tercer año hubo conciencia de que eso no dio el resultado deseado: los que salieron en libertad reincidieron en un 20%, no un 70. Pero los que cayeron, cayeron más que los que salieron en libertad, por lo cual generó un nuevo problema en Cárceles y no había recursos presupuestales para solucionarlo”, admitió.

En cambio, señaló que ahora “la seguridad es una prioridad” y que incluye el problema de las cárceles: “por lo tanto tenemos recursos o los vamos a tener a partir del Presupuesto; tenemos recursos votados en la Ley de Emergencia Carcelaria (US$ 15 millones fuera del presupuesto); la posibilidad de contratar 1.580 funcionarios”, dijo, a modo de ejemplo.

Bonomi también argumentó que esta política es diferente a la de la administración de Tabaré Vázquez porque se está planteando “la última etapa y no la primera”. Aseguró que este plan de liberación de reclusos primarios –teniendo en cuenta antecedentes graves como menor- se concretará una vez que finalicen las ampliaciones de cárceles y chacras, se contraten funcionarios y se apliquen las leyes de Emergencia Carcelaria y de Perímetros. “Es complementaria de todas las otras etapas. No empezamos por esta para después quedar ahí”, sentenció.

“Este paquete de medidas nos permite suponer que la situación de cárceles va a cambiar, entre ellas la de Maldonado. Hoy, a pesar de que la Jefatura de Policía de Maldonado tenga a la cárcel, es nacional. Porque recibe presos del Comcar que se pelearon con otros presos y fueron amenazados de muerte, o presos de Libertad y no son del departamento y son un problema. Presos de alta seguridad para una cárcel que ahora no es de alta seguridad. La que viene no lo va a ser por definición: la cárcel de alta seguridad la vamos a hacer en Montevideo y en San José”, garantizó.