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La magistrada que temporadas atrás apeló a una ley de hace décadas para expulsar del departamento de Maldonado a quienes llegan sin ánimo de trabajar o vacacionar, explicó este lunes otra polémica resolución que adoptó el viernes, esta vez en materia de minoridad infractora.

El caso que vuelve a poner a Graziuso en la palestra pública es, a su juicio, “un ejemplo” de lo que sucede en varias familias de Maldonado, donde los padres no encaminan a los hijos como corresponde y deben asumir “sus consecuencias penales”.

“Lo que se juzga es esa desidia, no ocuparse de los hijos y dejar que anden por la vida haciendo lo que quieran”, enfatizó la magistrada. “No quiere decir que los padres vivan de la delincuencia o se beneficien con el producto de esas infracciones de sus hijos menores (…) Omiten sus deberes y ponen en riesgo su salud moral, intelectual y hasta física de sus hijos”, aclaró.

En este caso, el menor infractor tenía un arma que utilizó para rapiñar al menos un comercio y al chofer de un ómnibus. Sus padres sabían de la existencia de esa arma y si bien declararon que le habían pedido que no la usara, para Graziuso no hicieron lo que debían y terminaron generando en su hijo de 15 años acciones que causaron “gran alarma pública”.

Si bien la fiscal Llorente entendía que alcanzaba con un procesamiento sin prisión del matrimonio – él es empleado en una barraca y ella trabaja como mucama- Graziuso resolvió encarcelarlos, “tendiendo a la gravedad de los hechos y a la grave alarma pública que esos actos causan en la población”.

“Nuestro código impone a los padres la obligación de asistirlos, guiarlos y corregirlos y el no cumplimiento tiene sus consecuencias”, advirtió la jueza. “No sólo porque en este caso es en perjuicio del propio menor sino también en perjuicio del resto de la sociedad”, puntualizó.

NO BASTAN TECHO Y COMIDA

Graziuso narró que, en principio, la pareja se sorprendió con la resolución judicial y no alcanzó a comprender la gravedad de la conducta que había generado en su hijo, un chico que además de cometer estos delitos iba a estudiar al liceo de Punta de Este en una moto que sus propios padres le compraron aunque no tenía edad suficiente para conducirla.

“Creen que dar casa y comida y mandar a estudiar a los hijos es suficiente. Pero la vida no solo es dar casa y comida, es el afecto, la corrección, la dirección y el tratar de vivir en sociedad”, opinó Graziuso. La magistrada remarcó que vivían en “una pobreza de espíritu por la falta de control en cuanto a la dirección de la vida” de ese menor y de otros hermanos pequeños, que también estudian.

“El espíritu es que todos vivimos en sociedad, traemos hijos al mundo y no los podemos largar así nomás. (…) A veces los padres tenemos que imponernos para evitar que pasen estas cosas”, enfatizó la jueza. En su opinión, este fue un caso excepcional en Maldonado.

“Eran menores que no tenían antecedentes, no pertenecían al circuito delictivo pero habían sobrepasado todos los cánones de otros menores infractores Se sobrepasaron en la violencia, en las amenazas y en el número de rapiñas”, añadió.

En este contexto, Graziuso también habló de la realidad de los menores infractores en el departamento de Maldonado, y del trabajo coordinado entre las sedes judiciales de diferentes ámbitos.

La magistrada despertó polémica en el departamento por haber apelado, temporadas atrás, a la antigua Ley de Vagancia a fin de expulsar de la zona balnearia a quienes no justifiquen motivos laborales o de vacaciones para visitarlo.