El representante de la gremial de porteros de Punta del Este, Jorge Chávez, estimó pertinentes las acciones de la Dirección General Impositiva (DGI) que obligan a registrarse como empresa a aquellos trabajadores de edificios que intermedien en operaciones de alquiler. No obstante, Chávez deslizó algunas dudas sobre la efectividad de la medida y su eventual impacto en el sector inmobiliario.
“La función del portero no es alquilar, no es vender, y si lo hace me parece perfectos que la DGI se encargue de hacerle pagar los impuestos correspondientes”, dijo Chávez.
El representante gremial cuestionó, sin embargo, los posibles impactos de la medida en el caso de que todos los porteros se registren masivamente. “¿Qué pasaría si todos los porteros nos afiliáramos y nos hiciéramos cargo de nuestras torres? No sé hasta dónde saldrían beneficiadas las inmobiliarias. Yo creo que podrían hasta colapsar en un montón de casos”, señaló.
Chávez expresó discrepancias con afirmaciones de algunos operadores inmobiliarios que acusaron a los porteros de realizar operaciones “en negro”. “Nos sentimos víctimas aquellas personas que no hacemos ese tipo de transacciones. Porque al mostrador vienen casi todos los turistas en busca de un arreglo directo con el propietario para evadir la comisión de las inmobiliarias, para evadir los impuestos”, indicó.
En este sentido, Chavez señaló que la mayoría de los porteros derivan a los interesados a las inmobiliarias que trabajan con los apartamentos. “Hay otros que intervienen en el alquiler y si hacen eso me parece correcto que les cobren, que lo blanqueen”, consideró.