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De Álava argumentó que este hombre, a quien Lussich defendió el martes en la Junta Departamental diciendo que era un perseguido político de la directora general Mary Araújo, incurrió en varias irregularidades en el asentamiento El Placer. Por ese motivo, no por su filiación política, se le negó la explotación de un kiosco para venta de carnada y elementos de pesca, sostuvo el jerarca.

De hecho, explicó que Araújo llegó a firmar una adjudicación a nombre de este señor pero luego se retractó cuando supo que había un informe de Integración Social que recomendaba entregárselo a la hija, que está en situación de vulnerabilidad social.

EN JUICIO PENAL

De Álava dijo que el presunto acosado tenía varios comercios irregulares en El Placer y que, en el marco del plan de erradicación del asentamiento, fue intimado por la Intendencia a quedarse con uno solo. Se comprometió por escrito a cerrar los demás, pero no lo hizo.

Añadió que, al mismo tiempo, este hombre vendió por US$ 8.000 dólares un carro de comidas rápidas no habilitado y una vivienda ubicada en terreno municipal a una mujer que había vendido todo en Minas para radicarse en Maldonado.

La señora tuvo que cerrar el negocio y se disponía a entregar la casa a la intendencia, para su demolición, cuando la hija del vendedor ingresó con niños para dificultar el accionar de la comuna, remarcó De Álava.

Por estos motivos la Intendencia inició juicio penal contra el hombre a quien Lussich defendió esta semana. “Le podemos dar la tranquilidad al edil de que el juicio que está haciendo la intendencia es multicausal y dentro de ellas no figura de qué color está pintada la pared de su casa”, comentó el jerarca, en alusión a los dichos del curul nacionalista.

MALENTENDIDO INTERNO

Además, De Álava contó que Araújo llegó a firmar la adjudicación precaria del kiosco pero él advirtió un error y la decisión se anuló.

Tal error, según el subdirector, radicaba en la existencia de un informe donde Integración y Desarrollo Social rechazaba la posibilidad de otorgar el negocio a este hombre en litigio con la comuna -que lo había solicitado en junio- pero pedía otorgarlo a una de sus hijas, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad socioeconómica en que ésta se encontraba.

De Álava argumentó que, tal vez "por imprecisión" suya, no quedó claro este punto y el kiosco se autorizó a quien había abierto el expediente y no a la mujer. “La directora Araújo en ningún momento tuvo animosidad hacia este señor, de hecho firmó la autorización. No nos interesa la filiación política, hace más de ocho años que en la Intendencia no trabajamos de esa manera”, fustigó.