Facebook Twitter WhatsApp

Hualde aseguró que, hasta el momento, la comuna recaudó más de 1.200.000 dólares de empresarios que se beneficiaron con modificaciones a la normativa edilicia y que, por lo tanto, pagan el denominado Impuesto de Retorno por Mayor Valor.

A su juicio, el impuesto tiene carácter de norma presupuestal –en tanto genera recursos para la intendencia- por lo cual debió ser considerado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y difundirse antes de empezar a aplicarlo.

Recordó que en diciembre pasado realizó un planteo al respecto en la correspondiente comisión de la Junta Departamental, pero no recibió respuesta ni de los ediles ni de los jerarcas de la comuna.
No obstante, sus “investigaciones” le indican que estos pasos no se cumplieron. “Esto puede complicar porque si no se cumple con las normas, cualquier persona que pagó” puede presentar un recurso.

Además, Hualde consideró que –si el cobro es legal- parte de esos ingresos deberían ser destinados a la adquisición de una cartera de tierras para construcción de viviendas. Particularmente, estimó que quedan por cobrar unos U$ 5.000.000 que deberían asignarse a planes de vivienda que contemplen a personas en lista de espera y no exclusivamente para los asentados.

“Debería ser exclusivamente para desarrollo de planes de vivienda para personas anotadas, unas que están en asentamientos y otros que pagan su alquiler y trabajan en varios lados para afrontar los gastos”, remarcó.

En otro orden, el edil dio su impresión respecto al problemático tránsito de Maldonado y opinó que, uno de los temas a abordar, es el de los repartidores de alimentos a domicilio (delivery).
“No hay reglamentación que exija que cumplan con las normas y que quienes los contratan se hagan responsables de que los vehículos estén en buenas condiciones”, comentó Hualde, quien anunció que iniciará gestiones para lograr una regulación.

Su idea es que la Intendencia expida un carné que habilite al trabajo como repartidor, siempre y cuando el interesado cumpla con una inspección previa. A su juicio, un incentivo podría ser exonerarles el pago de la patente de la moto que utilizan para su trabajo. Al mismo tiempo, cree que debería retirárseles ese carné cuando se constate que infringieron las normas de tránsito.