La muerte de la adolescente mereció diferentes enfoques sobre "responsabilidades" para que la situación se saldara como ocurrió. Fiscalía General de la Nación señaló que no fue ingresada ninguna denuncia en su sistema y que la justicia Especializada en Familia era la que había tomado competencia en el caso. FM GENTE estableció que hubo una intervención policial en vía pública y una denuncia formal que derivó en la actuación de jueces.
El primer hecho formalmente constatado fue una agresión en la que la policía observa un enfrentamiento en la calle.
El segundo es la denuncia de la madre de la joven por agresiones y cortes ocasionados por el que a la postre sería el asesino.
No existe ninguna normativa que inhabilite la colocación de una tobillera electrónica a un menor de edad.
La definición del concepto de "verdadero riesgo" por un juez es el que determina la instalación del dispositivo.
El diario Correo de Punta del Este hizo saber que la justicia que actuó "intimó" a los padres "el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad".