En una audiencia en la que comparecieron todas las partes, celebrada esta tarde en el Centro de Justicia, la fiscal Andrea Naupp solicitó elevar la calificación del delito imputado a cinco de los siete implicados en el caso Vaz. El quinteto fue reformalizado como coautores de delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por la premeditación y la promesa remuneratoria. Además, uno de ellos volverá a prisión tras comprobarse en escuchas telefónicas su voluntad firme de fugarse.
Mathías Emmanuel Guarteche Viera, amigo montevideano de la infancia y del barrio de Mauro Machado (pareja de Lulukhy Moraes al momento del homicidio), había sido formalizado en primera instancia como cómplice penalmente responsable de un delito de homicidio.
Esa imputación se basó en su rol de chofer de los sicarios desde y hacia la capital aunque tras la audiencia del pasado 17 de julio -cuando fueron formalizados los sicarios- se supo que su participación en los preparativos de la muerte del profesor de inglés tuvo mayor relevancia. Guarteche eligió, convenció, contrató, dio instrucciones y pagó a los sicarios, además de encargarse del traslado de ambos.
En la audiencia de esta tarde, y tras lo expuesto por la fiscal Andrea Naupp, tanto Guarteche como Mauro Machado, Lulukhy Morales, Leticia Giacchino y Franco Silvera responderán a la justicia como coautores de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por la premeditación y por la promesa remuneratoria.
Pero además, se conoció en la audiencia que, en al menos dos conversaciones telefónicas, Guarteche manifestó su seria intención de fugarse antes de que llegara la etapa del juicio. Esto llevó a que fiscal solicitara que se revocara el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba en esta última etapa de la investigación y que regrese, por 60 días en principio, a la cárcel.
Si bien la fiscal también pidió la vuelta a prisión para los otros cuatro implicados (los sicarios ya están en la cárcel, uno preventivamente y el otro porque cumplía pena por otro delito), el juez González Camejo entendió que ni Lulukhy, ni Mauro, Leticia o Silvera habían incumplido las condiciones de la prisión domiciliaria, estaban suficientemente custodiados y que, además, hace pocos días se habían ajustado sus medidas de vigilancia con la policía.
Por su parte, la Dra. Isabel Ithurralde, defensora de oficio de Alejandro Alberti -uno de los hombres que llegó hasta el apartamento del profesor y que se encargó de hablar con él a través del portero eléctrico y convencerlo de que bajara-, solicitó que Guarteche no fuera recluido en el mismo establecimiento que su cliente, aduciendo razones de seguridad.
Tras la audiencia, el abogado de la familia de la víctima, Dr. Martín Etcheverry, dijo que las penas que podrían recaer sobre los implicados van de 15 a 30 años de acuerdo a las imputaciones que ha hecho fiscalía. Explicó que la familia de Edwar Vaz espera que la Dra. Naupp solicite la máxima pena posible para cada uno de los siete implicados.
La próxima semana la fiscalía presentará el escrito de acusación -no se realizará en una audiencia- y posteriormente, el 28 de agosto, se realizará una audiencia pedida por la defensa de Silvera a efectos de que éste declare en presencia del juez. El abogado Pablo Cruzado alegó que su defendido hará uso de ese derecho por motivos de seguridad y solicitó que el resto de los involucrados en la causa no esté presente durante la declaración aunque si podrán hacerlo sus abogados. La instancia será reservada, sin participación de público o prensa.
Por su parte, la fiscal Naupp apelará la decisión de magistrado de no decretar la vuelta a prisión de los tres ex moradores de la mansión Gipsy Queen (Mauro, Lulukhy y Leticia) y de Franco Silvera.
foto: audiencia 26 febrero