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Las fiscalizaciones del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) en boliches de aumentaron este verano y también se incrementó la presencia de inspectores para detectar menores dentro de establecimientos no autorizados, celebró Salsamendi.

En lo que va del año se realizaron 120 fiscalizaciones, agregó. “Estamos conformes con lo que se viene realizando y con la coordinación con otros organismos. Avanzamos, pero con limitaciones”, admitió el jerarca. Enseguida reconoció la imposibilidad de INAU para multar a los comercios y estaciones de servicio donde se encuentran menores comprando alcohol.

Esa acción es potestad del Ministerio del Interior pero, “por una cuestión de especialidad”, Salsamendi entiende que también INAU debería actuar. “Hay que resolver a nivel legal y administrativo las competencias de cada organismo y la posibilidad de sancionar. INAU controla lo que tiene que ver con bailes pero no tiene facultad de fiscalización para el consumo de sustancias a nivel callejero o de supermercados. Nos está vedada la posibilidad”, lamentó.

“Si INAU multa a una estación porque un menor está comprando alcohol después de las 00:00, esa persona recurre la multa y logra que no se aplique y, además, tiene derecho a iniciar demanda por abuso de funciones contra el Estado uruguayo. Esa es la situación que hay que superar”, enfatizó.

Consideró que una buena forma de abordar el tema era la aprobación de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas –un organismo dependiente de Presidencia para centralizar la fiscalización sobre el cumplimiento de las normas en la materia. Pero el proyecto sigue en el Parlamento y Salsamendi cree que fracasará en esta legislatura.

Respecto a las campañas que este enero se desarrollan en Maldonado para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), opinó que son fundamentales para generar “un cambio de mirada” de la población respecto al papel de víctimas y victimarios.

“Sigue habiendo una cuestión muy benigna con los clientes; una mirada donde parece que el problema es que las chicas se prostituyen porque así viven mejor y pobre gente la que cae en sus garras. La ley dice expresamente que son situaciones de explotación y que quienes consumen y compran sexo de menores de 18 años en el Uruguay, están cometiendo un delito y deberían ir presos”, advirtió.

Aunque las campañas pretenden dar mayor visibilidad al asunto y generar más denuncias sobre los hechos, Salsamendi reconoció que “falta mucho, mucho, mucho” en todo el país. “Hasta hace poco tiempo esto era algo natural y no estaba visto como un problema; el problema eran las gurisas, vistas como unas vivas que changaban para vivir mejor. El cambio de mirada es fundamental y por eso las campañas como la que se realizan en Maldonado”, subrayó.