Maraluz S.A., el holding empresarial que maneja el Super Uno de la Parada 3 de Punta del Este, pidió una semana más al Ministerio de Trabajo para informar a los trabajadores sobre su destino. La actitud indignó a la Federación de Empleados del Comercio y Servicios (FUECYS), afirmó el dirigente César Teijón a FM Gente. Fue la quinta audiencia en la cual la patronal negó información a sus funcionarios.
Los 40 trabajadores del local comercial de Punta del Este siguen en ascuas respecto a su futuro, desde que la Justicia decretó el lanzamiento definitivo para el 29 de este mes. Llevan más de un mes de incertidumbre, ya que la fecha inicial para que Maraluz S.A. devolviera la propiedad a la Intendencia de Maldonado fue el 31 de mayo pasado.
Durante las últimas semanas los trabajadores, apoyados por FUECYS, han recurrido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para exigir a la patronal que les informe qué pasará con ellos. Si los enviarán a seguro de paro, si la empresa trasladará el supermercado al local que tiene en la Parada 5 y que sólo utiliza en verano, o si serán despedidos.
No han recibido ninguna información que les permita saber qué ocurrirá con ellos cuando autoridades de la Intendencia y un alguacil del Poder Judicial se presenten a la hora 14 del viernes 29 para reclamar las llaves del local. Este jueves, empleados y patronal volvieron por quinta vez a una instancia en dependencias fernandinas del MTSS. Pero, para sorpresa de los trabajadores, la patronal pidió una nueva prórroga para contestarles sobre su destino.
“El trabajador y su familia sigue rehén de una situación económica. No tuvimos respuesta, la empresa dice que está esperando a ver si la Junta Departamental les da una prórroga (para el funcionamiento), pero sigue sin comprometerse a asegurar la fuente laboral de los trabajadores”, enfatizó el dirigente de FUECYS, César Teijón.
A su juicio, Maraluz S.A. “no ha actuado de buena fe ni con el sindicato ni con los trabajadores, lo mínimo que pedíamos era un compromiso formal ante el MTSS de que ninguno perdería la fuente laboral”.
Los empleados se sienten “pésimos” y el sindicato está "atado de pies y manos" ya que, por el momento, no hay ni despidos ni seguros de desempleo. “Jurídicamente, la empresa está dentro de lo que le permite la ley, pero está actuando de mala fe porque juega con un desgaste emocional, tratando de sacar una renta económica. Los trabajadores sólo querían una respuesta sobre su futuro”, enfatizó Teijón.
Hasta la semana pasada, el municipio de Punta del Este, cuyos miembros se habían mostrado a favor de que la IDM recupere el local ubicado en una zona estratégica de acceso a la península. Sin embargo, una carta con 400 firmas de usuarios pidiendo que la operativa del supermercado se prorrogue, motivó que el municipio intercediera ante la IDM.
La directora de Asuntos Legales de la comuna, María del Carmen Salazar, aseguró en FM Gente que la fecha del lanzamiento está firme y remarcó que sólo la Junta Departamental puede autorizar una prórroga. Sin embargo, por el momento, no hay noticias de que alguna petición formal de la empresa haya ingresado al Legislativo.
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