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La actividad inmobiliaria informal en Uruguay alcanza los US$ 945 millones y el Estado pierde de recaudar unos US$ 150 millones, y según lo revela una encuesta de Cifra, el 58% de los alquileres se hacen por fuera.

El trabajo fue realizado por encargo de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), cuyo presidente Gabriel Conde, aclaró a FM Gente que las cifras que provocaron mayor impacto tienen que ver con “alquileres y administraciones anuales, en los departamentos turísticos como Maldonado y Rocha, donde el sector de todas las inmobiliarias llega al 80%”.

Conde subrayó que pierde el Estado, aunque hay que convenir en que, “pierde la sociedad uruguaya toda, porque el Estado deja de recaudar, y al dejar de recaudar deja de verter en la sociedad uruguaya”.

Conde dijo además que la informalidad es permanente y un problema de muchos años.

“Manejábamos números, por ejemplo con los colegas de Maldonado, pero las sorpresa grande fue en las compra-ventas y alquileres anuales, porque no teníamos estimaciones ya que es la primera vez que se hace un estudio de esta naturaleza; no hay referencias anteriores”, acotó el Presidente de la CIU.

Hasta ahora, había estimaciones “generalizadas” o “sensaciones”, pero, “no había un estudio para poder medirlo, y el tema es que desde 2003 a la fecha el Uruguay ha ido creciendo en materia de inversiones en forma muy importante, y estamos en un auge del mercado inmobiliario de la construcción sin precedentes”, acotó Gabriel Conde.

En tal sentido agregó que la evolución del mercado lleva a que se abran nuevas empresas, lo que paralelamente desemboca en que “el mercado informal se profundice”.

AL PARLAMENTO
Al tiempo que se revelaron los datos del trabajo encargado a la consultora Cifra, la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, presentó un proyecto de ley para regular la intermediación de la actividad a futuro.

Gabriel Conde explicó que en el proyecto, se recomienda crear un registro nacional de operadores, empresas y tasadores inmobiliarios que establezca una serie de requisitos, obligaciones y deberes, así como los honorarios de los mismos.

Está previsto asimismo, que un Tribunal de Ética pueda suspender o quitar el ejercicio de la matrícula o registro que corresponda, según el caso, lo que se constituye en un agregado a los anteriores proyectos conocidos como Ley del Corredor Inmobiliario.

R.A.