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Las transacciones que se realizan en negro, a través de internet o con avisos publicados en medios de prensa, son un factor determinante para el envío a seguro de paro de empleados y/o el cierre de decenas de oficinas. El 80% de los alquileres y ventas se concretan por esa vía. A esto se suma la merma en la cantidad de alquileres y ventas, y los altos costos operativos.

El presidente de la gremial única de inmobiliarios de Punta del Este y Maldonado, Juan Bistiancic, remarcó en FM Gente que llevan años advirtiéndolo pero continúan sumergidos y “los gobernantes tampoco contemplan esa necesidad que está pasando el sector”.

“Nos ven como los chicos ricos del Uruguay, cuando la situación ha venido empeorando. Como que no creen que a uno le fue mal en este lugar maravilloso y con tanto glamur. Pero las inmobiliarias no están pasando nada bien y son uno de los sectores más castigados de esta zona”, remarcó.

Bistiancic enfatizó que la DGI, el BPS y el Ministerio de Turismo deberían alinear su política fiscalizadora y reguladora para combatir el informalismo. “Controlan a los establecidos pero no tienen un énfasis en buscar a quienes hacen publicaciones en diarios e internet; a los que andan callejeando y buscando hacer negocios en negro, generando un desequilibrio en los impuestos y una brecha de desigualdad con los inmobiliarios establecidos, que ganamos menos y sostenemos el sistema con impuestos”, lamentó.

El operador dijo que tenían esperanzas de que el gobierno de Tabaré Vázquez se enfocara en su caso, pero la confirmación de la ministra Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff al frente de la cartera de Turismo bajó esas expectativas. De todos modos, este viernes los inmobiliarios se reunirán para definir acciones concretas.

Bistiancic negó que se esté preparando una manifestación en la vía pública, pero no descartó que eso pueda suceder. Por el momento, cree más conveniente volver a contactarse con las autoridades para insistir en el combate al informalismo y pedirles que apoyen económicamente al alicaído sector.

“Estamos en un momento de contradicciones, porque el gobierno reconoce que el turismo es una necesidad de las personas para desarrollarse socialmente pero no protege a los agentes turísticos. Tenemos que convencer al sistema político de que el turismo tiene que tener una protección como el campo o la industria, porque es una industria sin contaminación y un ingreso muy importante para Uruguay”.

La gremial de inmobiliarios planea conseguir para esta causa el apoyo de otras gremiales costeras, como los hoteleros y gastronómicos.