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“Cada vez son más los repartidores que realizan con sus motos este tipo de actividad, no solo en rubros de pizzería y restaurantes, sino en farmacias, autoservice, florerías, etcétera”, observó Borges en su exposición.

Por eso entiende importante cubrir un vacío legal y regular “la demanda y la oferta de esta actividad, igual que los derechos de los consumidores”. Preocupa también la integridad física de las personas, tanto por la manipulación de los alimentos como por los trabajadores que reparten en las calles.

La edila explicó que el Banco de Previsión Social trabaja en el diseño de un plan para aumentar la formalización en esta modalidad laboral, ya que el informalismo “supera el promedio general de toda actividad que en la actualidad ronda el 25%”.

También se están analizando las graves consecuencias ante la alta siniestralidad que registra el sector. “Entre cuatro y cinco motociclistas dedicados al traslado a domicilio ingresan por día al Sanatorio del Banco de Seguros del Estado con fracturas y lesiones varias”, remarcó la edila.

En Maldonado existen unas 105 mil motos entre 160 mil habitantes, de las cuales según datos de la Dirección de Movilidad Ciudadana de la Intendencia, 93 mil estarían empadronadas. “De ahí la urgente necesidad de implementar un Cuerpo Normativo especifico a nivel departamental que disminuya el aumento de lesionados y fallecidos por esta problemática”, opinó.

Acto seguido pidió reconsiderar nuevamente el proyecto elaborado por Eduardo Elinger, teniendo en cuenta que la Junta Departamental puede dictar por su propia iniciativa los decretos y resoluciones que juzgue necesarios dentro de su competencia.