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La información, consignada este martes por el País, agrega que De los Santos violó las normas del debido proceso. Al justificar el despido de Alvez tanto el jefe comunal como otros jerarcas de la repartición de Jurídica argumentaron que el abogado no había presentado una denuncia penal como le habían ordenado sus superiores. Ahora, el fallo recompone la carrera funcional de Álvez a junio de 2006, por lo cual la Intendencia deberá pagarle los sueldos y demás beneficios generados desde esa fecha, más el daño moral causado.

En declaraciones a FM Gente, el ex funcionario dijo que recibió la noticia con “una gran tranquilidad de que todavía queda en el Uruguay un ámbito no influenciable por el poder político”. También afirmó que está tranquilo porque podrá “mirar de frente” a la gente y a su familia: “que la gente sepa que fui perseguido políticamente e injustamente cesado por esta administración”.

El abogado sostuvo que no fue fácil “aguantar el temporal”, “aguantar al primer gobierno de izquierda en la historia del Uruguay con todo su peso sobre un ciudadano, un funcionario municipal”. “Agradezco haber tenido la espalda como para aguantar el chaparrón”, añadió.

Álvez recordó que la intendencia lo acusó de no haber presentado una denuncia penal contra un particular que insultó a un inspector en la explanada del municipio. “Esa fue mi falta”, remarcó.
Ahora se apresta a iniciar una acción para reclamar a la IDM los daños y perjuicios ocasionados por este despido arbitrario. Todavía no estimó a cuánto ascenderá el monto que pedirá como resarcimiento y, por otra parte, ve poco probable que vuelva a trabajar en la división de Asuntos Legales.