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Elinger pidió a la administración de Óscar de los Santos que tome posición e instrumente medidas para que esos funcionarios sean absorbidos presupuestalmente por los organismos donde se desempeñan.

En algunos casos, trabajadores del departamento llevan 25 años fuera de la órbita de la comuna, señaló. Por pases en comisión hay personas prestando servicios para diputados, empresas estatales y otras intendencias. Este último es el ejemplo más llamativo que citó el legislador. Si se discrimina el costo anual por organismo donde se encuentra cada funcionario, la Intendencia de Lavalleja le cuesta a Maldonado 70.000 dólares anuales, según Elinger. Le siguen la de Montevideo, con 55.000, y Florida, con 35.000.

En otros casos, el Ministerio de Salud Pública supone una erogación de 118.500 dólares anuales, el de Desarrollo Social 19.500 y la Corte Electoral 65.600. La Jefatura de Policía de Maldonado se lleva 13.900 dólares , aunque Elinger puntualizó que esto no le parece mal.

Como referencia, dado que los pases en comisión son a término del período de gobierno, Elinger citó algunos diputados que tienen a funcionarios de Maldonado trabajando con ellos. Por Amín Niffouri, se pagan 13.900 dólares anuales, por Luis Lacalle Pou 18.000 y en Maldonado, Nelson Rodríguez, significa 24.000, y Darío Pérez, 45.000.

En el período 2005-2010, especificó el legislador, los funcionarios en esta situación llegaron a ser 83. Sin embargo, por fallecimientos, ceses de contratos, jubilación, renuncias y ceses de comisiones se llega en la actualidad a 42, lo que significa una erogación anual de 600.000 mil dólares aproximadamente que salen del presupuesto de la comuna.

Elinger recordó que el Art. 15 15 Ley 17.930 del Presupuesto Nacional establece que: “los funcionarios públicos que, a la fecha de vigencia de esta Ley, se encuentren prestando servicios en régimen de “pase en comisión”, por un lapso superior a los 3 años, en forma ininterrumpida, podrán optar por su incorporación definitiva al Organismo en el que vienen desempeñando dichas funciones”.

Pidió, por lo tanto, que se cumpla con esta normativa de modo de defender recursos genuinos que se pierden anualmente con funcionarios que pagan los vecinos de Maldonado. Según dijo, hay casos de trabajadores que hace 10, 15, 20 y 25 años que no están cumpliendo funciones en la Intendencia y deben ser absorbidos presupuestalmente por los Organismos Nacionales que los están utilizando para su servicio.