La intendencia constató la venta, alquiler y cesión ilegal de viviendas de interés social en el fernandino Cerro Pelado y en otras ciudades del departamento, por lo cual salió a advertir a los adjudicatarios sobre los riesgos de tales maniobras. Informó que ya inició juicios de desalojo por esta causa y continuará con estas acciones.
Paralelamente, seáló que quienes recibieron viviendas y luego la vendieron o la alquilaron quedarán en el registro de la Intendencia como incumplidores e inhabilitados para otra solución habitacional.
“Las operaciones efectuadas con viviendas de interés social de la intendencia entre particulares no tienen validez, y la cesión no autorizada es causal de rescisión del contrato de compraventa”, agregó la administración comunal.
Advirtió, asimismo, que por esta situación “varios ciudadanos” han sido estafados en su buena fe, perdiendo sumas de dinero importantes, las que constituyen en muchos de los casos el ahorro de toda una vida.