El proyecto de ordenanza fue elaborado siguiendo los aportes técnicos del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) junto a las directrices de la comisión multipartidaria sobre Movilidad, con el fin de establecer políticas de transporte sostenibles para las próximas tres décadas.
Entre sus objetivos principales se destaca el fortalecimiento de la Intendencia como autoridad reguladora, dotándola de herramientas para planificar, fiscalizar y ordenar el servicio, así como definir estándares de calidad y garantizar su cumplimiento.
La nueva normativa contempla la incorporación de tecnología, la mejora de la accesibilidad y la renovación de los vehículos.
Además, de acuerdo al comunicado oficial, la ordenanza establece reglas claras para la administración, las empresas concesionarias, los operadores y los usuarios.
El texto reconoce la importancia del transporte colectivo como servicio esencial, garantizando el derecho a la movilidad y el acceso equitativo a oportunidades laborales, educativas, sanitarias y recreativas.
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