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“No es lo mismo pagar que no pagar, ni se accede a una vivienda ocupándola”, sostuvo Moreira, este sábado, saliendo al cruce del grupo de vecinos de Cerro Pelado que ayer quemó cubiertas en protesta por el desalojo de una familia que había usurpado una casa de interés social. Ratificó que la comuna se mantendrá en su “firme y decidido” propósito de regularizar viviendas en el barrio y recuperar aquellas cuyos ocupantes no cumplieron con los pagos o ingresaron de forma ilegal.

La jerarca sostuvo que, pese a los vecinos que amenazan con hacer piquetes y recurrir a los medios de prensa para denunciar la situación, el gobierno continuará con esa política. Explicó que “una vivienda de Cerro Pelado cuesta 13 mil dólares, que el resto de los ciudadanos subsidia con su contribución para que estos vecinos puedan acceder a la vivienda. El pago es parte de una cadena solidaria que no se puede cortar. La obligación de pago es un compromiso con la sociedad”, enfatizó.

EL CASO DEL VIERNES

Por otra parte, Moreira reconoció que el martes recibió en la Intendencia a la mujer que ayer debía abandonar una vivienda que ocupó hace un año. Según sus datos, el abogado de la demandada presentó un recurso ante la Justicia por lo cual la medida se postergó.

Explicó que la vivienda había sido recuperada por la comuna a través de la Justicia y que una cuadrilla de la dirección de Obras la tapió para evitar el ingreso de personas que, según los vecinos, generaban disturbios. La intención era volver a adjudicarla por la vía legal a una de las familias en situación de emergencia, inscriptas en el programa de viviendas de interés social.

“La señora sacó la madera de la ventana y se adelantó, por vía de la usurpación, al derecho legítimo de quien está en espera y en situación de absoluta emergencia y no va a ocupar una vivienda como hizo la señora”, fustigó Moreira. Agregó que, en la reunión del martes, la mujer la amenazó “con ir a los canales y la prensa”. “Le dije que la política departamental es una y sigue firme en período electoral o fuera de él”.

Moreira recordó que apenas del 3% de los adjudicatarios de Cerro Pelado ha incumplido el acuerdo para el pago de sus viviendas con la Intendencia. “La enorme mayoría de los vecinos regularizaron a través del decreto 3817 y cumple con su pagos”, enfatizó.