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“Los desalojos iniciados en el proceso judicial no tienen marcha atrás en el sentido que empezaron la vía judicial, y donde cada uno de ellos, queda demostrado, que hubo mucho más de dos y tres oportunidades para reinsertarse en el proceso de cumplimiento; eso por un lado”, marcó el encuadro de forma contundente.

De inmediato contextualizó: “Los expedientes que se habían iniciado, los desalojos, que se habla de una cantidad que no se acerca a la realidad, no superan los 45 los que están en proceso de desalojo, y no son todos de Cerro Pelado”.

GRANDES ILEGALIDADES
La señora Hernández explicó la forma como se fue interiorizando del tema desde que asumió, y el tiempo que le llevó conocer la realidad, y en determinado momento no dudó asegurar que hubo casos de “una gran ilegalidad”.

Dijo que se encontró con “muchas situaciones de venta de los derechos que tenían ahí de promitente comprador sin participación de profesionales, ventas en distintos precios, cosa de una gran ilegalidad”.

“Las viviendas son de interés social; de los compromisos de compra venta surge claramente la prohibición de los mismos (de ser vendidas), pienso que por eso no hay participación de profesionales, pero donde los precios oscilan entre 10 mil pesos y 4.000 y 5.000 dólares, y algunos más”, contextualizó.

Historió las oportunidades que se dio a los ocupantes desde 2006 y del decreto 3817, de regularizar las propiedades de esos padrones, recordó que hubo muchas personas que cumplieron con todo y escrituraron sin problemas.

“Los que estaban cesación de distintas etapas de los incumplimientos podían o seguir con los compromisos de compra venta que tenían desde la época que se había hecho la adjudicación, o ampararse al decreto y conformar un nuevo convenio”, explicó.

CON LOS INTERESADOS
Hernández dijo que “cuando vino la comisión, cuando los recibí, que estaba conformada por personas que estaban en el proceso de desalojo, y otros que eran vecinos que habían cumplido y que habían escriturado, les expliqué lo que les estoy explicando a ustedes”.

“Les manifesté mi asombro de que algunos no estuvieran ya desalojados, no solamente por el proceso de irregularidad y de dolo que había en los mismos, sino porque había casos de haber construido en el fondo, estar alquilando, tener depósitos en garantía, era una situación muy compleja”, relató.

Aseguró que “algunos de los vecinos que vinieron me pidieron disculpas porque no sabían que los procesos de desalojo estaban en ámbitos que eran realmente de no poderse la mayoría de ellos respaldarse bajo ningún concepto”.

Contó que miembros “del Partido Nacional en la Junta Departamental pidieron una audiencia la semana pasada, entre otros temas estaban solicitando volver a la comisión tripartita” que seguía este proceso.

“Quién está hablando y en virtud de una herramienta que generó este propio gobierno, reactivar una comisión de seguimiento, no existiría problema, pero entendamos también que la Junta Departamental siempre nos puede pedir informes”, se comprometió al tiempo que reclamó que el Legislativo departamental cumpla con su parte.

E insistió sobre el tratamiento que se da a estos casos: “Siguen adelante, están en proceso, y si existiera una situación de injusticia que a veces puede pasar en esto que es el desborde laboral, no tenemos ningún problema en mirar casos puntuales y en definitiva rediscutirlos”.

PUBLICIDAD Y OBRA ARTÍSTICA
Hernández también reveló que tuvo en los últimos días una reunión con una delegación del Partido Nacional que fue a plantearle su inquietud, o molestia, o preocupación por que desde la intendencia se use publicidad oficial para incidir en la campaña electoral.

La jefe del Ejecutivo aclaró que ella tiene bien claro la diferencia entre “querer vender algo”, lo que sería publicidad, e “informar lo que hacemos con el dinero de la gente”, que sería información.

Puntualizó que fue una reunión que “amena y cordial”, y sintetizó que asumió el compromiso que ella iba a seguir informando a los habitantes de Maldonado lo que se hace con el dinero público, pero aceptó el compromiso de la comuna a quitarle a esa información cualquier sesgo que se pueda vincular a publicidad partidaria.

También ofreció en extenso detalles de la polémica que abrió la necesidad de mover de su lugar asignado originalmente a una obra del artista Gonzalo Ramírez, “Ofrenda de paz y mensaje de vida”, debido a los acondicionamientos que exigen el circuito para el Gran Premio Fórmula E Punta del Este, en diciembre.

El desplazamiento de la obra generó un incidente entre el artista y el titular de la unidad de Regularización de la Vivienda, pero que finalmente se zanjó con la decisión de hacer el traslado.

La intendencia asumirá el costo del traslado. Tiene un presupuesto del artista para hacer el movimiento de la obra que alcanza los 360 mil pesos, incluido el IVA, pero la intendente dijo que hay otras dos propuestas, una de ellas de 120 mil pesos, que no incluye seguro para una obra que cuesta varias veces el monto que se ahorraría.

“El artista, en la contestación (que le envió este lunes 29 de septiembre), va a poner toda su voluntad para el cambio del lugar de la misma, y pide de alguna manera que exista una revalorización y una reinauguración de todo lo que es todas estas obras y todo este proceso”, dijo.


z.l.