Una carta enviada por el director Julio Riella a la Comisión de Obras de la Junta Departamental, presuntamente para solicitar una excepción edilicia en Punta del Este, desató la polémica en la última sesión del legislativo. Luego que el blanco Federico Casaretto cuestionó el procedimiento, el frenteamplista Víctor Castro contestó. La discusión se amplió al partido colorado y el tema fue debatido durante más de dos horas en el plenario.
Casaretto (Renovación) reiteró los conceptos ofrecidos horas antes en FM Gente, en cuanto al mal proceder en que, a su juicio, incurrió el director de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial de la Intendencia “al pedir una excepción” para un proyecto edilicio de una empresa particular.
Tras el planteo, el edil Castro (Lista 738) consideró que Casaretto intentó “descalificar” al arquitecto Riella, al pretender pasar el caso a la Junta Anticorrupción y a una comisión investigadora. “Creíamos que ya había terminado este asunto de sembrar permanentemente la duda y de establecer cierta descalificación hacia la forma de actuar del gobierno departamental”, señaló.
Luego explicó que la visita de Riella en la Comisión de Obras fue a pedido de la propia comisión para aclarar un tema relacionado con otro expediente, sobre una estación de servicio en Maldonado. Acto seguido, Castro leyó parte de la versión taquigráfica de esa reunión.
De esta forma aclaró que Riella puso el caso del edificio de Punta del Este como un ejemplo de las incertidumbres que genera a los gobernantes la aplicación del Artículo 21 del Texto Ordenado de la Normativa Edificatoria (TONE). De hecho, enfatizó que el caso se manejó como un ejemplo de que el Ejecutivo y el Legislativo Departamental deben trabajar en forma coordinada para tratar las aprobaciones en materia edilicia.
“Viene a hacer una consulta para establecer un criterio de trabajo entre el Ejecutivo y la Comisión, lo cual muchas veces nosotros mismos reclamamos: que haya un mejor entendimiento entre el legislativo y el Ejecutivo”, remarcó Castro. “No puedo aceptar que se ensucie el nombre de las personas. (…) Seguimos en el mismo sainete del período pasado y eso me molesta. El gobierno del FA ha actuado con transparencia: lo ha demostrado la Justicia y lo demostraron las urnas”, añadió.
“CUMPLIENDO UNA FUNCIÓN”
Casaretto negó intencionalidad política en este tema y dijo que, en cualquier caso, está cumpliendo con su función. “No pueden ofenderse cuando estamos realizando la tarea que nos manda la Constitución de la República, que es controlar al Ejecutivo y cumplir con nuestra función”, consideró.
Añadió que su intención “no es personalizar en el director sino calificar el hecho, el acto. Que es incontrastable. (…) Quédense tranquilos que no hay mala leche en esto. Que no se confunda que un buen relacionamiento significa decir a todo que sí. No me pueden pedir que para tener un buen diálogo yo esté omiso a mis funciones. Es más, el intendente nunca me pidió eso.”
Acto seguido enfatizó que “un director general no puede venir a la Junta a consultar, porque las consultas las tiene que hacer en el Ejecutivo, porque hay comisiones técnicas que están creadas en la ley y en el decreto de Ordenanza de la Construcción que especifican las funciones que tienen que cumplir. (…) La Comisión de Obras no puede explicarle a un director de Planeamiento lo que debe hacer respecto a normas técnicas”.
Casaretto señaló que existe “un comportamiento institucional que no corresponde” y que “tiró el tema” en la Junta Departamental para advertir que eso no corresponde.
ELINGER ADVIERTE
Al hablar sobre este tema, el colorado Eduardo Elinger coincidió con Casaretto y consideró que, con este tipo de procedimientos, el director se transforma en un “gestor”. Acto seguido recordó la actitud de la ex edila frenteamplista Lourdes Ontaneda, quien dejaba constancia en el plenario de su abstención de discutir los expedientes a los que estaba vinculada profesionalmente.
En este sentido, recordó que los ediles son honorarios pero en su actividad privada muchos están en contacto directo con inversores –inmobiliaria, construcción, etcétera. Por eso reclamó que “cuando algunos compañeros tienen conjunción con definiciones que se toman en esta Junta” dejen constancia de su vinculación con un determinado proyecto y se abstengan de participar.
De lo contrario – sostuvo Elinger- se reiterarán acusaciones que desgastan a la Junta Departamental y a la fuerza política a la que pertenezcan los ediles cuestionados.
CADENA DE RESPUESTAS
Las palabras de Elinger intensificaron la discusión y, en el transcurso del debate, intervinieron el edil Daniel Ancheta (FA) para afirmar que tiene “las manos limpias”; el edil colorado Francisco Sanabria para acusar a la oposición de “nerviosismo”; nuevamente, el edil Castro para decir que “no está nervioso”; el edil Roberto Airaldi (FA) para defender la idoneidad del director Riella; otra vez Casaretto para aclarar más dichos; y Elinger para ratificar que “si hay ediles involucrados en proyectos comenzará una cacería de brujas”.
Siguieron el nacionalista Alejandro Lussich, Sanabria que respondió a Airaldi, Elizabeth Arrieta (PN) para respaldar a Casaretto, y cerró el comunista Hebert Núñez para recordar a sus colegas que Riella no llevó un expediente a la Comisión de Obras sino “una nota”.
La discusión, que tomó más de dos horas al plenario, finalizó sin consecuencias políticas.