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La Oficina del Comisionado Parlamentario se presentó en Fiscalía, junto con la familia de Marcelo Ayala, para pedir el esclarecimiento de la muerte del joven, ante la apariencia delictiva del hecho, solicitando ser informado del avance de la investigación, a la cual aportará todos los elementos que posee.

En las conclusiones preliminares se establece que “todo indica, y sobre el punto hemos consultado a varios especialistas, que Marcelo Ayala no tenía un trastorno de personalidad antisocial sino un trastorno neuro-cognitivo del desarrollo, esto es, un retardo mental, cuyo desajuste generaba sus reacciones violentas y la incapacidad de relacionarse adecuadamente con los demás y superar las diversas adversidades materiales y afectivas que tuvo en su vida”.

RETARDO ERA MUY NOTORIO
En el mismo punto, el informe del CPSP dice que “el retardo de Marcelo era muy notorio, entre otros desajustes no lograba leer y escribir, realizar operaciones y apenas dibujaba su firma”. Vale recordar que la pericia que se realizó a principios de febrero, por parte de un profesional del Instituto Técnico Forense, estableció que Ayala “cursó primaria y secundaria completa sin repetir. Niega estudios terciarios. Cursos de cerámica, yeso, carpintería. Trabaja conduciendo maquinaria pesada, previamente trabajó de forma zafral en el rubro de la construcción”. En base a esta pericia fue que se determinó que Ayala era imputable penal.

“Es notorio que su familia intentó, durante toda la vida de Marcelo, utilizar todas las herramientas posibles para atender su desajuste, consultando una y otra vez a sus docentes, responsables educativos y llevándolo a diversas consultas médicas y psicológicas, viéndose desbordados por su situación, pese al gran afecto que le tenían y a los buenos momentos que tenían cuando el joven no estaba agitado. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance”, establece el Comisionado.

También en las conclusiones se reconoce que, en el pasaje de Ayala por el sistema carcelario, su situación activó respuestas tanto del Instituto Nacional de Rehabilitación como del Servicio de Atención a las Personas Privadas de Libertad de ASSE y por eso fue trasladado, “dentro de los lugares existentes buscando un sitio con mínimas condiciones para él y recibiendo seguimiento médico y psicológico dentro de las acotadas respuestas que una patología de este tipo podía tener en un sistema carcelario”.

NUNCA EN UNA CARCEL
No obstante, para el comisionado, “la afectación de salud mental de Marcelo Ayala en ningún caso puede ser debidamente atendida dentro de un sistema carcelario. Debió haber estar internado en un servicio especializado de atención de salud mental, apropiado para su afectación. Nunca en una cárcel, por mejor voluntad y dedicación que pusieran los funcionarios actuantes, iba a tener la atención que necesitaba. Mucho más aún en un sistema con hacinamiento crítico, insuficiente dotación técnica, insuficiente intervención programática y socio educativa y locales en buena medida inadecuados”.

LA VALORACION DE IMPUTABILIDAD
“Es buena e imprescindible cosa que la Fiscalía profundice sobre la atención (enfermería, psiquiatría y atención general y los acontecimientos previos a su muerte) recibida por el joven durante su estadía en el Módulo 12” dice el punto 6 de las conclusiones preliminares de este informe, presentado en el Parlamento en la tarde de este jueves.

“Recomendamos que la valoración de la imputabilidad de una persona no se limite al dictamen de un perito y que se tomen en cuenta todas las dimensiones de su vida y su trayectoria, más aún cuando existen múltiples elementos, educativos, sanitarios y sociales, que indican un serio desajuste con la normalidad conductual que ponen en seria duda la capacidad de comprender realmente las consecuencias –en especial las jurídicas y penales- de sus actos”.

En los hechos, el punto 7 de estas conclusiones pone la mira en uno de los temas más cuestionados del proceso judicial por el que Ayala transitó entre fines de enero y principios de marzo. La pericia del 1 de febrero, realizada por el Dr. Alvaro Trindade, y por la que el joven fue declarado imputable:

“Examen psiquiátrico: periciado longilíneo, se presenta aseado y aliñado en ropas de calle acordes a la estación y su edad. Colabora con la entrevista, presenta un discurso con hilo conductor y finalista, sin ideación delirante actual en curso. Eutimico, sin ideas de muerte ni auto-eliminación. Sin alteración de conciencia, sin elementos de exaltación del ánimo. Bien orientado en tiempo y espacio. No presenta elementos actuales de intoxicación o abstinencia para alcohol u otras drogas. Conductas basales: apetito y sueño conservadas. Nivel mental: Normal, no presenta patología psíquica alienante”.

TRASLADOS: INFORMAR A LAS FAMILIAS
“Recomendamos al Instituto Nacional de Rehabilitación reforzar sus oficinas de atención a la familia en todos los centros de privación de libertad, con centros de atención telefónica eficientes y accesibles, informando en tiempo y forma a las familias cuando un interno es trasladado, para que no se enteren de ello por terceras personas y puedan orientarse adecuadamente cuando sus allegados ven alterado su lugar de alojamiento”. En este punto, el comisionado recoge una realidad que fue confirmada tanto por los familiares de Ayala, como por la Defensoría Pública, que afirmaron que cuando el chico fue trasladado de Las Rosas a Montevideo su familia se enteró recién cuando fue a llevarle comida al establecimiento de Maldonado.

Ni siquiera le dijeron a qué lugar de Montevideo había sido llevado, relató su hermana Laura Gumber a FM GENTE, sino que tuvieron que realizar un derrotero telefónico para saber en qué lugar finalmente estaba Marcelo. Los defensores públicos, por su parte, explicaron que no sólo se limita al caso de Ayala, sino que INR nunca informa de los traslados de sus defendidos.

“Recomendamos a la Administración de los Servicios de Salud del Estado ASSE, a que, desde su Dirección de poblaciones vulnerables y salud mental, se refuercen los programas de atención en salud mental dentro de las cárceles, con mayor dotación de personal”, agregan las conclusiones.

“Asimismo, recomendamos que se refuercen mecanismos de conexión con las comunidades, en especial aquellas más vulnerables socialmente, de manera que los casos complejos que desbordan la capacidad de respuesta familiar o local, puedan ser derivados a instancias o centros de mayor complejidad y especialización”.

QUE CASOS COMO ESTE NO VAYAN A CARCELES
“Recomendamos al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación a reforzar la dotación de recursos humanos y materiales existentes para la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión, para que aquellos casos que, como este o similar a este, se originen en trastornos de salud mental que no deben ir a la cárcel, puedan ser asistidos y seguidos en la comunidad con programas de sostén técnico y social, en conexión con los servicios de salud de ASSE y los recursos sociales comunitarios de apoyo a la familia”.

“Convocamos a todos los actores del sistema de ejecución penal, entre los que nos incluimos, Defensa Pública, Fiscalía, Jueces, Jueces de Ejecución, sistema nacional de salud, sistema de salud mental y sistema carcelario y de ejecución de medidas alternativas, a trabajar en conjunto para desarrollar vigorosamente los mecanismos de justicia terapeútica, ya existentes en nuestra legislación, para que aquellos que tienen afectada su salud mental puedan ser asistido en un centro especializado para ello y no en una cárcel”.

QUE SU MUERTE NO HAYA SIDO EN VANO
“Las causas finales de la muerte de Marcelo Ayala todavía están bajo estudio forense y Fiscal”, recuerda el último punto de las conclusiones.

“Hay muchas hipótesis sobre ella. Parece claro, que la patología mental de Marcelo requería otro derrotero. Su familia nos ha dicho que quiere saber por qué murió y que su muerte no haya sido en vano”.

“Su dura y amarga historia, y cruel desenlace, nos invitan a todos los actores del sistema de ejecución penal, a trabajar, transformar e innovar, para que casos como este puedan tener a tiempo la asistencia especializada que, quizás, podrían haber cambiado el tristísimo curso de su vida”.

El próximo lunes se presentará, con eventuales ampliaciones, el informe completo sobre esta investigación, de acuerdo a lo confirmado por el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, a FM GENTE.