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Por su parte, en Montevideo, los judiciales se concentrarán en la Plaza Libertad, para marchar luego hacia el Ministerio de Economía, el encargado de pagar los millones adeudados.

El conflicto data del año 2011, cuando por la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica a los judiciales le correspondía ajustes especiales, pero fueron quitados por una ley posterior.

Los sindicatos del Poder Judicial hicieron juicio y luego de varias instancias y leyes que se declararon inconstitucionales, se llegó a una sentencia firme que obliga al gobierno a pagar los ajustes adeudados.

PROCLAMA DE LOS JUDICIALES POR EL PARO:
"Los trabajadores judiciales recorrimos un largo camino en nuestra pretensión de que se
cumpla con lo dispuesto por ley.

Actuamos con enorme paciencia y responsabilidad por la importancia social de las
tareas que desempeñamos, evitando generar perjuicios a la población, en particular a
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En el año 2010, el Parlamento incluyó en el Presupuesto Nacional, la equiparación de
las remuneraciones de los Ministros con la de los Senadores de la República. Esta
decisión determinó el incremento salarial de los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia y por las normas que regulan la escala salarial del Poder Judicial, el aumento
de sueldos para todos sus funcionarios.

Posiblemente la ley votada por los parlamentarios tuviera como único objetivo
beneficiar a algunos Ministros y cargos de confianza, los mismos que hoy no cumplen
con la ley y las sentencias judiciales. Quizás fue así, pero también llevó justicia para
los trabajadores de uno de los sectores más rezagados del Estado en materia salarial.

Cuando el sistema político, incapaz de resolver sus conflictos recurre al Poder Judicial,
cuando se votan códigos y normas que pretenden soluciones casi mágicas a los
problemas sociales y de seguridad, sin la asignación de los recursos necesarios, es el
propio Estado el que desconoce las sentencias judiciales y violenta el estado de
Derecho.

Desde de abril de 2011, el gobierno nacional, a través de sus representantes en el
Parlamento, aprobó un conjunto de normas inconstitucionales desconociendo los
derechos de los trabajadores del Estado, en particular de los judiciales. El peso del
aparato estatal, se puso al servicio de ese objetivo.

Esta situación, que no admitió espacios de diálogo por parte del gobierno, llevó a los
trabajadores judiciales al único camino posible, confiar en la Justicia e iniciar una
demanda contra el Estado, reclamando a la Suprema Corte de Justicia el cumplimiento
de la ley.

A finales del 2014, el gobierno quiso imponer una “solución” legislativa, que fue
declarada parcialmente inconstitucional en el año 2015. Esto abrió un espacio de
trabajo que permitió la firma de un convenio con el Poder Ejecutivo, acordándose la
conformación de un futuro ámbito para la discusión y búsqueda de soluciones a los
temas pendientes, lo que no se concretó.

En marzo de este año, el juicio llegó a su fin y los trabajadores obtuvimos una sentencia
favorable a nuestro reclamo. El Estado fue condenado y tras una trabajosa liquidación,
el pasado 28 de setiembre, el Juzgado Civil de 19° Turno, ordenó al Ministerio de
Economía y Finanzas el depósito de los haberes de los reclamantes y el cumplimiento
de la sentencia que también contiene una “condena a futuro”, disponiendo se proceda
a la adecuación salarial establecida en la Ley de Presupuesto del año 2010.

La Suprema Corte de Justicia, en nota remitida al Ministro de Economía, solicitó los
créditos necesarios para cumplir con lo ordenado en la sentencia.

Ante el silencio oficial, la Asociación de Funcionarios Judiciales, solicitó al Ministerio
de Trabajo, se convoque al ámbito acordado, para que el Poder Ejecutivo se exprese
sobre el cumplimiento de la sentencia judicial.

Dicha reunión tuvo lugar el pasado 20 de octubre, participando el Ministro de Trabajo
por el Poder Ejecutivo, con la notoria ausencia del Ministerio de Economía. En la
instancia, el Ministro escuchó el planteo de las gremiales y solicitó una nueva reunión
en un plazo de 15 días ya que el Presidente de la República no se encontraba en el país.

Cuando la Justicia uruguaya es reconocida internacionalmente por su confiabilidad,
ocupando el primer lugar en Latinoamérica, siendo esto motivo de orgullo para el país
y los trabajadores judiciales, el Poder Ejecutivo la desconoce con su silencio sobre las sentencias.

Vencido el plazo acordado con el Ministerio de Trabajo, sin que la reunión se haya
concretado, y vista la falta de respuesta del Ministerio de Economía de cumplir con lo
ordenado por el Juzgado Civil y con lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia:
Los trabajadores judiciales nos declaramos en estado alerta ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de la sentencia judicial: las Sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”