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Según publica El País el juez, al ser notificado por la policía, desestimó la denuncia por entender que se trataba de un problema civil entre privados.

Un hombre, extranjero, se presenta y ofrece un conveniente negocio a los administradores de un barrio privado: pertenece a una empresa que realiza pavimentaciones y tiene excedente de asfalto a un precio muy conveniente que pone al servicio de su potencial nuevo cliente.

El objetivo, evidentemente estudiado y elegido con anterioridad, tiene o bien una entrada de edificio, un estacionamiento o una calle que necesita ser asfaltada o pavimentada por lo que el gancho del negocio está casi asegurado.

Por otra parte, el extranjero tiene documentación que “avala” la existencia de la empresa y nada hace sospechar a las víctimas de un supuesto fraude.

Pero el asunto es que cuando las partes llegan a un acuerdo y luego que “los colorados” (por su color de tez, pelo y características según los testigos) comienzan las tareas, sorpresivamente a mitad de trabajo paran las obras y anuncian que, en realidad, el trabajo ha sido mal cotizado y que el saldo a pagar va a aumentar.

Según los testimonios recogidos por FM GENTE las cifras pueden triplicarse o aumentar aún más y en este punto comienzan los problemas entre los clientes y el grupo obrero que da inicio a una campaña de presión para obtener el nuevo precio.

Al menos en un caso, los contratantes tuvieron que acudir a la policía para que llegara hasta el barrio privado y mediara ante la aparición de camionetas y un intimidante grupo de hombres que amenazaban de distintas formas si no se les abonaban las nuevas cifras requeridas.

Pero un juez de Maldonado desestimó la denuncia presentada ya que consideró que era un problema civil entre empleados.