Palma presentó la demanda el 7 de febrero de 2024, tras adquirir los dos padrones en un remate judicial. Según informó El País, la jueza Gómez dio lugar a la solicitud de Palma y fijó un plazo de 10 días para que Balcedo y Fiege entregaran el terreno. La jueza también advirtió que, hasta la entrega del inmueble, ambos quedarían en calidad de depositarios del bien.
Sin embargo, pasado el plazo, Palma solicitó el 16 de agosto que se habilitara la posesión de los padrones y pidió el lanzamiento de Balcedo, Fiege y otros ocupantes del predio. Según la resolución, Palma alegó que todas las medidas interpuestas por el abogado de Balcedo, Adrián Falco, para evitar la toma de posesión habían sido rechazadas por la magistrada.
En su solicitud, Palma también pidió que el lanzamiento fuera asistido por la fuerza pública y que se autorizara al alguacil encargado del proceso a realizar el allanamiento, dado que los padrones reclamados estaban cercados junto a otras propiedades que no pertenecen a Palma. Además, solicitó que se permitiera la intervención de ingenieros agrimensores para delimitar los padrones y realizar la correspondiente señalización, reportó El País.
El 22 de agosto, la jueza Gómez solicitó al abogado de Palma, Adrián Laiza, aclarar algunos aspectos técnicos sobre el cerco perimetral y la concurrencia de los ingenieros agrimensores. Finalmente, la magistrada reiteró que Balcedo y Fiege debían entregar los padrones, y delegó al Juzgado de Paz de Maldonado la ejecución de la medida.
La defensa de Balcedo, a cargo de la abogada Adriana Falco, presentó varias excepciones para intentar mantener el inmueble bajo control del empresario, cuestionando la competencia de la jueza Gómez para intervenir en una propiedad en Maldonado y la legitimidad de Palma para reclamar los terrenos. Sin embargo, en una resolución del 26 de junio, la jueza rechazó las excepciones, argumentando que se trataba de un bien adquirido en un remate judicial, sin dudas sobre la titularidad de Palma.
Paralelamente, Balcedo enfrenta otro juicio civil en el que demandó a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial por US$ 22 millones, alegando que la retención de uno de sus aviones le impidió cerrar un negocio millonario.
Foto: Ricardo Figueredo