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El colorado, Eduardo Elinger, dijo que para los desarrolladores la normativa “es un chiste”. Agregó que los controles de la Intendencia fueron “muy livianos”. “Sentimos un sabor amargo porque creemos que a estos señores la Intendencias tendría que haberles exigido, como medida ejemplarizante, la demolición de lo que construyeron de más”, lamentó.

En tono vehemente, Elinger acusó a los desarrolladores de pasarse la ordenanza por “debajo de los brazos” y les pidió que “tengan dignidad” y no dejen al personal de servicio “en cajas de zapatos, sin luz ni higiene”. “Ganan siete, ocho millones de dólares, se llenan los bolsillos, construyen de más, hacen lo que se les antoja, y luego nosotros en esta Junta, indudablemente debemos convalidar dentro de las normas este negocio multicolor”, protestó.

La frenteamplista Cristina Pérez, dijo que se debe reformular el sistema de sanciones para evitar que se repita esta situación. “La Junta Departamental se debe poner de pie en algunos momentos. Este es uno. Frente a la Intendencia, frente a los inversores y los profesionales. Porque de ahora en adelante nos tenemos que abocar a empujar todas puertas y a trabajar todo este año en cambiar las normativas para que se cumplan las normas. Porque ése es el papel que tenemos, controlar”, enfatizó.

A juicio de Pérez, lo que deberían hacer las autoridades es “ponerle una bomba a ese edificio”. “No es que no podamos. Directamente no nos dan los cataplines, porque poder podemos. Pero no tenemos las agallas para hacerlo”, apuntó.

Por su parte, el nacionalista Rodrigo Blás, afirmó que la responsabilidad por las irregularidades no recae en los empresarios sino en los encargados de ejecutar los mecanismos de control. “Hagan la propia culpa. Si la ley es poca es porque no la hicimos. Si la multa es poca, es porque no la cambiamos. Qué nos vamos a despertar hoy de que un empresario va a caminar por el filo de lo legal o aprovechar lo más que pueda… Para eso está, para eso es empresario. ¿Y para qué estamos nosotros? Para hacer leyes, hacemos discursos, no leyes”, afirmó.

Puntualizó además, que expediente llegó a la comisión por los apartamentos que no tienen ventilación y no por lo metros excedidos en las unidades. “Los metros vienen regularizados por el decreto de las azoteas”, acotó.

Finalmente, se votó la regularización de aquello que violó la normativa y una sanción al grupo inversor por un monto aproximado de U$S 150 mil. Además, se fijó un importante aumento de la Contribución Inmobiliaria a los apartamentos beneficiados por las irregularices.

En contra sufragaron todos los ediles el Partido Colorado, Nino Báez, del Partido Nacional, y Cristina Pérez, del Frente Amplio. La legisladora se opuso porque quería incluir en el informe una condición para asegurar el cumplimiento de las sanciones. Ahora depende del Ejecutivo departamental la instrumentación de las multas correspondientes.